Va dirigida contra Camps, Costa, Rambla y el ex director general de RTVV Pedro García - Incluye además a cuatro constructoras, pese a las reticencias de Ferraz
El PSPV-PSOE ha presentado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una querella por los delitos de cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal contra el president de la Generalitat, Francisco Camps.
Según ha anunciado el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Ángel Luna, la querella también se dirige contra otros dirigentes del PP como Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García; miembros del Consell como el vicepresidente Vicente Rambla, dirigentes de la trama "Gürtel" como Francisco Correa y Álvaro Pérez, y constructoras como FACSA, Enrique Ortiz, Sedesa y Lubasa.
Al respecto, el portavoz socialista ha precisado que debe ser el juez el que determine la implicación de estas empresas, "uno puede ser un colaborador a la fuerza o un 'hooligan' ayudando a crear la trama", ha dicho.
Luna ha explicado en una rueda de prensa que la querella, firmada por cuatro diputados de la dirección del grupo parlamentario socialista, cuenta con el respaldo de la dirección del PSOE y se presenta después de no poder realizar "un control político" de los hechos denunciados en diferentes informes de la Policía Judicial sobre una supuesta trama de financiación ilegal del PP valenciano.
La querella también va dirigida contra la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Salvadora Ibars, el ex director de Radiotelevisión Valenciana Pedro García y otros dirigentes de firmas relacionadas con la trama, como Cándido Herrero, Pablo Crespo o José Luis Izquierdos.
Asimismo se dirige al grupo empresarial PIAF, que como el resto de compañías mencionadas anteriormente tenía contratos públicos con la Generalitat y contribuía a "sufragar la financiación ilegal de los servicios prestados por Orange Market al PP de la Comunitat Valenciana", según ha indicado Luna.
La decisión de incluir a los empresarios en la querella se debe a que el PSPV considera que "no sería ni serio ni razonable" dejar fuera de la querella "a los autores de algunas de esas conductas que aparecen" en los citados informes, ya que "cuando se reciben presiones ilegales hay que saber aguantarlas".
El portavoz parlamentario ha precisado que cuando llegue el momento de hacer la calificación de los delitos que se imputan a estas empresas "se puedan regular las consecuencias penales de estos hechos con el juego de los agravantes y los atenuantes".
El socialista ha fundamentado la denuncia en distintos informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales, así como en declaraciones judiciales y conversaciones telefónicas que a su juicio "ponen de manifiesto la vinculación estrecha entre la trama 'Gürtel' y la dirección del PPCV, con el presidente Camps a la cabeza".
En su opinión, también hay pruebas de una relación entre la trama y el Consell "en el establecimiento de un sistema de financiación de los actos que Orange Market hacía para el PPCV a partir de una doble facturación que ha permitido que la mayor parte de la actividad propagandística del PP permaneciera al margen de la legalidad".
El portavoz, quien también ha citado la "obtención de beneficios económicos a partir de contratos públicos" que luego se "sacaban de España y colocaban en paraísos fiscales", ha insistido en que los informes policiales son "contundentes" y ha rechazado que puedan considerarse "un montaje ni un invento".
Luna se ha mostrado convencido de que las diligencias que puedan derivarse de la aceptación de esta querella permitirá "probar que hay otros actos delictivos que se han cometido además de los que están descritos en los informes" y confirmarán que "el asunto de los trajes era la punta del iceberg".
"Había un gigantesco sistema montado para financiar las actividades del PP de la Comunitat Valenciana, y singularmente para construir la imagen de un líder, que se ha demostrado con el tiempo, que tiene los pies de barro", ha afirmado en alusión del jefe del Consell.
El dirigente socialista, quien ha querido aclarar que no entra en los cálculos del PSPV un "retorno de carácter electoral" de esta decisión, ha insistido en que lo han presentado después de que por dos veces se les haya rechazado en Les Corts Valencianas 450 preguntas sobre la contratación pública de la Generalitat.
Ha instado a los jueces a que actúan "con rigor y con respeto a la legalidad", así como con la "celeridad que necesita una actuación de este tipo", y ha reiterado que una "oposición que quiera mirarse al espejo no puede hacer otra cosa" que presentar esta querella.
