El Partido Popular pasa por sus horas más bajas

El Partido Popular de Chiva, con su  alcalde y Diputado Provincial José Manuel Haro a la cabeza, pasa por sus horas más bajas tras las últimas apariciones en prensa este fin de semana, en  las que la fiscalía le pide 4 años de cárcel y 8 de inhabilitación para las funciones públicas. En el pleno de hoy, la oposición no ha permitido una vez más someterse a la censura y falta de transparencia de Haro .

Gonzalo Guillén, portavoz del PSOE  de Chiva, ha dejado clara la postura del grupo socialista realizando  su primera intervención en la aprobación de las actas, reclamándole transparencia al Partido Popular, puesto que Haro, en estos momentos se encuentra imputado en diversas causas y la oposición se encuentra con múltiples dificultades para acceder a la documentación y ejercer su labor de oposición . La  causa del concejal Fernando Casanova es tan sólo la punta del icerbeg puesto que tras ésta, continúan sus supuestos chanchullos  con las oposiciones de la Diputación así como por la querella criminal interpuesta por el grupo socialista de Chiva por 3 supuestos delitos: falsificación documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, que se encuentra en el juzgado número 4 de Requena.

Gonzalo Guillén le ha reprochado:“la documentación que aportáis está bajo sospecha tras todo lo que estamos leyendo en prensa, donde supuestamente nos gobiernan personas expertas en falsear documentos”. El alcalde interrumpía constantemente al portavoz socialista increpándole que su intervención estaba fuera de lugar. El portavoz socialista aprovechó para recriminarle nuevamente  el gasto desmesurado que está suponiendo   la defensa de estos juicios para las arcas municipales, con el conseguiente perjucio el pueblo, mientras las políticas sociales están paralizadas.

A su vez,  el Partido Popular ningunea todas las propuetas en este sentido presentadas por los socialistas de Chiva desde el inicio de la legislatura. Propuestas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, dada la situación de quiebra en la que se encuentra la Comunidad  valenciana. El gasto al que Chiva se ha visto sometido por las irresponsabilidades y juegos judiciales del  allcalde, supera el medio de millón de euros.

El PP expedientará al alcalde de Chiva tras pedir la Fiscalía pena de prisión

El comité de derechos y garantías del PP valenciano abrirá un expediente informativo contra el alcalde de Chiva y diputado provincial, José Manuel Haro, imputado por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. Como adelantó LAS PROVINCIAS, la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación de cargo público y cuatro años de prisión al acusarle de los dos delitos además de una multa de 9.000 euros por la destitución del concejal Fernando Casanova en septiembre de 2011. El Ministerio Público pide que se abra juicio contra Haro.

La dirección regional del PP, según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS, va a incoar la apertura de un expediente informativo contra el diputado provincial según mandatan los estatutos de la formación aprobados recientemente en el congreso regional de Alicante. El PPCV recuperó en el último cónclave el comité de derechos y garantías, que está presidido por Alfredo Castelló.

La aprobación de los estatutos del PP nacional en el congreso de Sevilla obliga a abrir expedientes informativos, que pasan a ser disciplinarios (paso previo a la expulsión) si hay apertura de juicio, a los cargos imputados.

Haro convocó un pleno para tratar la dimisión de Casanova, que se encontraba en Burgos. Comunicó a su concejal la convocatoria del pleno por e-mail y de inmediato le cortó la línea. El pleno vio un documento que era la dimisión de Casanova que el propio edil niega haber presentado, por lo que según la fiscal fue falsificado. La dirección provincial del PP, de momento, no tomará ninguna decisión respecto a la situación del alcalde de Chiva y diputado provincial.

Fuente: Las Provincias.

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el alcalde de Chiva

La Fiscalía Provincial de Valencia, en una calificación judicial firmada el 16 de noviembre de 2012, solicita para el alcalde de Chiva y diputado provincial del PP, José Manuel Haro, una pena de cuatro años de prisión y una multa de 9.000 euros por un delito de falsificación de documento oficial y ocho años de inhabilitación especial para cargo público por prevaricación. Además, la Fiscalía, que pide la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial, propone para Haro el pago de las costas.

 

 

 

 

La acusación corresponde al caso de la destitución del concejal Fernando Casanova el 9 de septiembre de 2011. Sobre las 19.19 horas de ese día, Haro convocó un pleno «guiado por la intención de expulsar del cargo» a Casanova, que estaba de viaje en Aranda de Duero representando al Ayuntamiento.

Haro le llamó al móvil a su concejal para comunicarle la convocatoria del pleno y que se iba a tratar su dimisión. A las 19.29 horas, Casanova recibió en su móvil un correo anunciándole el pleno para las 19.15 (14 minutos antes). A las 19.32 horas, el edil contestó mostrando su posición en contra de la celebración del pleno y negando que hubiera dimitido. Tres minutos después le cortaron la línea.

El pleno comenzó a las 19.35 horas y terminó cinco minutos después. Se dio cuenta de la dimisión de Casanova y no se permitió ninguna intervención. «La carta de renuncia contenía la firma del concejal pero carecía de fecha porque había sido firmada al concurrir a la candidatura para las elecciones municipales imponiéndose como requisito imprescindible para formar parte de la candidatura del PP», señala el escrito de la Fiscalía. La carta se registró en el Ayuntamiento «por la secretaria personal del alcalde, por orden de este, el 9 de septiembre a las 14.55 horas y cuando el servicio ya estaba cerrado». Así lo atestigua el sello del registro.

Casanova alegó ante la Junta Electoral Central su destitución. El 6 de octubre la Junta resolvió que el concejal «no había perdido su condición de concejal y los derechos inherentes al cargo». Los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación en base al artículo 404 del Código Penal y de un delito de falsificación en documento oficial según los apartados 3 y 4 del artículo 390. La calificación judicial señala al acusado José Manuel Haro como autor de los dos delitos.

Por el de prevaricación la Fiscalía solicita 8 años de inhabilitación para cargo público y 4 años de prisión por el de falsedad documental. Además, el Ministerio Público pide 10 meses de multa con una cuota diaria de 30 euros «y la responsabilidad penal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas por el delito de falsificación». La Fiscalía pide que Haro pague también las costas. Como testigos en el juicio se ha pedido la citación de los concejales Fernando Casanova, Amparo Lapuente y Fernando Gómez, así como de Elvira Pérez, secretaria del alcalde.