El ministro de Fomento, José Blanco, ha abierto la puerta este fin de semana a la eliminación de diputaciones y ayuntamientos. “¿Tiene sentido que sigan existiendo las diputaciones provinciales? ¿Tiene sentido que haya tantos miles de ayuntamientos tan dispersos?”.
Blanco ha reconocido que ha habido “una espectacular caída de la recaudación en las comunidades” y si no hubiera sido por la dura reforma aplicada por el Gobierno “hoy tendríamos que tomar mecanismos extraordinarios para financiar su sanidad y educación”.
En una entrevista concedida a Colpisa, recogida por La Voz de Galicia, el ministro manifestó que “sobre lo que sí se puede reflexionar es sobre nuestro modelo de la Administración, dónde pueden darse duplicidades y si hay entidades que se pueden suprimir”.
En este sentido, Blanco se preguntó lo siguiente: “¿Tiene sentido en una Administración tan descentralizada que sigan existiendo las diputaciones provinciales? ¿Tiene sentido que haya tantos miles de ayuntamientos tan dispersos, que no tienen prácticamente capacidad de invertir y cuyo único gasto es el gasto corriente? Estas son las reflexiones de verdad. En el debate político nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a hablar de chorradas en lugar de hablar de las cosas de fondo”.
miércoles, 9 de junio de 2010
lunes, 7 de junio de 2010
¿Cómo afectará la huelga a los servicios públicos?
Los colegios contarán con el director y un docente por centro, FGV establece un 60% de servicios mínimos y la sanidad reducirá sus prestaciones a la mitad.
La huelga general prevista para este martes 8 de junio en el funcionariado público para protestar por los recortes aprobados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dejarán los servicios públicos en mínimos de funcionamiento.
El sistema educativo, la sanidad pública, la Justicia e incluso los transportes urbanos e interurbanos se verán afectados. Aquí os ofrecemos algunas de las claves de la repercusión que tendrá el paro en la Comunitat.
Educación. La huelga general en el funcionariado público dejará a los centros educativos en jaque. Los servicios mínimos establecen que estará el director y un profesor por cada ciclo.
En la enseñanza es imprescindible la prestación de un servicio mínimo consistente en la presencia física en el centro de las personas responsables para evitar peligros de seguridad derivados de la falta de vigilancia o atención sobre los menores.
Transportes públicos. En FGV los servicios mínimos serán del 60 por ciento. Lo mismo sucederá en los autobuses urbanos e interurbanos, garantizando en las líneas interurbanas como mínimo un viaje de ida y vuelta.
Sanidad. A excepción de los servicios que no pueden soportar ninguna merma en el nivel de prestación, el resto serán del 50 por ciento. Así es el caso de los quirófanos programados, la atención domiciliaria y los centros de transfusiones.
En el caso de las consultas preferentes, los servicios mínimos serán del 25 por ciento, como es el caso de los centros de salud y de especialidades.
Justicia. En la Administración de Justicia, se considera necesario garantizar una atención mínima a los ciudadanos en actuaciones de carácter perentorio o cautelar o que impliquen medidas de internamiento, como juicios orales del orden penal en causas con preso.
Medios de comunicación. Para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos se establecen servicios mínimos del 50 por ciento en el caso de la radio y la televisión autonómica valenciana.
Otros servicios. En el caso del SERVEF, el mínimo que estará en funcionamiento será del 30 por ciento. En servicios sociales, los centros asistenciasles de atención 24 horas prestarán los servicios propios de un domingo y en los centros abiertos de lunes a viernes habrá un tercio de la plantilla en cada turno.
Por lo que respecta a servicios como Protección Civil y Emergencias, en el teléfono 112 trabajará el personal habitual de atención de llamadas de un día laborable.
La huelga general prevista para este martes 8 de junio en el funcionariado público para protestar por los recortes aprobados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dejarán los servicios públicos en mínimos de funcionamiento.
El sistema educativo, la sanidad pública, la Justicia e incluso los transportes urbanos e interurbanos se verán afectados. Aquí os ofrecemos algunas de las claves de la repercusión que tendrá el paro en la Comunitat.
Educación. La huelga general en el funcionariado público dejará a los centros educativos en jaque. Los servicios mínimos establecen que estará el director y un profesor por cada ciclo.
En la enseñanza es imprescindible la prestación de un servicio mínimo consistente en la presencia física en el centro de las personas responsables para evitar peligros de seguridad derivados de la falta de vigilancia o atención sobre los menores.
Transportes públicos. En FGV los servicios mínimos serán del 60 por ciento. Lo mismo sucederá en los autobuses urbanos e interurbanos, garantizando en las líneas interurbanas como mínimo un viaje de ida y vuelta.
Sanidad. A excepción de los servicios que no pueden soportar ninguna merma en el nivel de prestación, el resto serán del 50 por ciento. Así es el caso de los quirófanos programados, la atención domiciliaria y los centros de transfusiones.
En el caso de las consultas preferentes, los servicios mínimos serán del 25 por ciento, como es el caso de los centros de salud y de especialidades.
Justicia. En la Administración de Justicia, se considera necesario garantizar una atención mínima a los ciudadanos en actuaciones de carácter perentorio o cautelar o que impliquen medidas de internamiento, como juicios orales del orden penal en causas con preso.
Medios de comunicación. Para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos se establecen servicios mínimos del 50 por ciento en el caso de la radio y la televisión autonómica valenciana.
Otros servicios. En el caso del SERVEF, el mínimo que estará en funcionamiento será del 30 por ciento. En servicios sociales, los centros asistenciasles de atención 24 horas prestarán los servicios propios de un domingo y en los centros abiertos de lunes a viernes habrá un tercio de la plantilla en cada turno.
Por lo que respecta a servicios como Protección Civil y Emergencias, en el teléfono 112 trabajará el personal habitual de atención de llamadas de un día laborable.
LOS ALCALDES SOCIALISTAS DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN EL RURALTER
El responsable provincial de Desarrollo Rural, Raúl Pardos, y los dirigentes socialistas denuncian que los municipios del PP de esta zona reciban 70 veces más dinero del programa europeo que los gobernados por el PSPV-PSOE
Los alcaldes socialistas de los municipios de la Hoya de Buñol-Chiva y la Plana de Requena-Utiel, pertenecientes a la Zona 5 del programa Ruralter Leader, han decidido tomar medidas sobre las irregularidades detectadas en el reparto de las ayudas correspondientes a las anualidades 2008 y 2009. El secretario provincial de Desarrollo Rural y diputado provincial, Raúl Pardos, el secretario nacional de Medio
Ambiente y diputado nacional, José Luis Ábalos, y el diputado autonómico Antonio Lozano, se reunieron con ellos en Chera el pasado sábado con el fin de analizar la situación.
Entre las medidas adoptadas figura la creación de un grupo de trabajo para defender los intereses de los vecinos y vecinas de estas comarcas,de la que formará parte el diputado en el Parlamento Europeo, Andrés Perelló, quien trasladará a la Comisión Europea la situación. Pardos ha denunciado el “asalto a los fondos europeos” que está perpetrando el Partido Popular “con los escandalosos repartos del Plan Ruralter para 2008 y 2009”, que “suponen un insulto al sistema democrático ”.
En la Zona 5 el PP gobierna en nueve consistorios, y el PSPV-PSOE en ocho, si bien los municipios socialistas son los que tienen una mayor población, como Requena y Buñol. “Los alcaldes del PP reciben 3,61 millones, y los socialistas tan sólo 53.000 euros, es decir, casi 70 veces menos”, ha revelado Pardos citando los datos publicados en el DOCV del 11 de mayo.
En toda la provincia, el Consell entrega a los alcaldes del PP la cifra de 10,65 millones de euros, y a los del PSPV-PSOE tan sólo 3,5 millones,lo que produce “un desvío en términos porcentuales de 2,5 millones de euros hacia los alcaldes de su mismo signo político”. De esta forma, el Consell entrega a los dirigentes del PP el 68% del total a repartir,cuando sus representantes tan sólo gestionan el 52% de las alcaldías de la provincia. A los municipios socialistas en cambio entrega el 21,8% de
los fondos, y, en realidad, representan el 35% de ayuntamientos.
El plan Ruralter Leader forma parte del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013 dotado en su conjunto con 468 millones de euros para la Comunitat. El Gobierno socialista de España aporta la mayor cantidad,210 millones de euros, seguido de la Unión Europea, con 161 millones, y la Generalitat Valenciana, con 114. La mayor parte de la aportación del Consell de Camps se centra en los planes Ruralter Leader y Ruralter Paisaje. El DOCV de 11 de mayo publicó el reparto de los 20 millones de
euros correspondientes a las anualidades 2008 y 2009 en los que se refleja la discriminación.
Raúl Pardos, diputado provincial y alcalde de Gestalgar, ha recordado que en 2008 el Consell anuló los 18 Grupos de Acción Local (GAL) que distribuían las ayudas basándose en criterios técnicos y creó 8 grupos presididos por alcaldes del PP y tutelados por la conselleria de Agricultura. “Esta manipulación provocó que la Unión Europea abriera una investigación y la Abogacía del Estado cuestione el reparto”, ha
manifestado. “Nuestra obligación es defender un reparto justo por el bien de nuestras localidades y por el bien de la democracia”, ha añadido.
Los alcaldes socialistas de los municipios de la Hoya de Buñol-Chiva y la Plana de Requena-Utiel, pertenecientes a la Zona 5 del programa Ruralter Leader, han decidido tomar medidas sobre las irregularidades detectadas en el reparto de las ayudas correspondientes a las anualidades 2008 y 2009. El secretario provincial de Desarrollo Rural y diputado provincial, Raúl Pardos, el secretario nacional de Medio
Ambiente y diputado nacional, José Luis Ábalos, y el diputado autonómico Antonio Lozano, se reunieron con ellos en Chera el pasado sábado con el fin de analizar la situación.
Entre las medidas adoptadas figura la creación de un grupo de trabajo para defender los intereses de los vecinos y vecinas de estas comarcas,de la que formará parte el diputado en el Parlamento Europeo, Andrés Perelló, quien trasladará a la Comisión Europea la situación. Pardos ha denunciado el “asalto a los fondos europeos” que está perpetrando el Partido Popular “con los escandalosos repartos del Plan Ruralter para 2008 y 2009”, que “suponen un insulto al sistema democrático ”.
En la Zona 5 el PP gobierna en nueve consistorios, y el PSPV-PSOE en ocho, si bien los municipios socialistas son los que tienen una mayor población, como Requena y Buñol. “Los alcaldes del PP reciben 3,61 millones, y los socialistas tan sólo 53.000 euros, es decir, casi 70 veces menos”, ha revelado Pardos citando los datos publicados en el DOCV del 11 de mayo.
En toda la provincia, el Consell entrega a los alcaldes del PP la cifra de 10,65 millones de euros, y a los del PSPV-PSOE tan sólo 3,5 millones,lo que produce “un desvío en términos porcentuales de 2,5 millones de euros hacia los alcaldes de su mismo signo político”. De esta forma, el Consell entrega a los dirigentes del PP el 68% del total a repartir,cuando sus representantes tan sólo gestionan el 52% de las alcaldías de la provincia. A los municipios socialistas en cambio entrega el 21,8% de
los fondos, y, en realidad, representan el 35% de ayuntamientos.
El plan Ruralter Leader forma parte del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013 dotado en su conjunto con 468 millones de euros para la Comunitat. El Gobierno socialista de España aporta la mayor cantidad,210 millones de euros, seguido de la Unión Europea, con 161 millones, y la Generalitat Valenciana, con 114. La mayor parte de la aportación del Consell de Camps se centra en los planes Ruralter Leader y Ruralter Paisaje. El DOCV de 11 de mayo publicó el reparto de los 20 millones de
euros correspondientes a las anualidades 2008 y 2009 en los que se refleja la discriminación.
Raúl Pardos, diputado provincial y alcalde de Gestalgar, ha recordado que en 2008 el Consell anuló los 18 Grupos de Acción Local (GAL) que distribuían las ayudas basándose en criterios técnicos y creó 8 grupos presididos por alcaldes del PP y tutelados por la conselleria de Agricultura. “Esta manipulación provocó que la Unión Europea abriera una investigación y la Abogacía del Estado cuestione el reparto”, ha
manifestado. “Nuestra obligación es defender un reparto justo por el bien de nuestras localidades y por el bien de la democracia”, ha añadido.
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