La Cumbre Social que integra más de 150 organizaciones –entre las que se encuentran CCOO, UGT, CSI-F, USO, CEAPA, Consejo General del Trabajo Social, Plataforma para la Defensa de la Justicia Gratuita o Mujeres Progresistas-dio este lunes en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid el pistoletazo de salida a la campaña para convocar un referéndum sobre los recortes impuestos por el Gobierno. La movilización se inicia con una carta en la que se recuerda a Mariano Rajoy el incumplimiento de su programa electoral y con la recogida de firmas.
Como parte de la campaña está activa la página web exigimosunreferendum.org para recoger firmas que secunden esta reclamación de consulta al Gobierno y los argumentos para ello. Durante la presentación, el ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Economía Aplicada, Carlos Berzosa, miembro de la Comisión Promotora del referéndum, alertó de que frente a las políticas de austeridad y recortes “la realidad está demostrando que sí hay otras políticas económicas posibles” como medidas fiscales más progresistas o combatir con más medios el fraude, así como priorizar el gasto público, la investigación, la sanidad y la educación.
La oportunidad de recuperar la participación ciudadana
Berzosa, como recoge Gaceta Sindical, alertó de que “los mercados se han impuesto a los Gobiernos” y de ese modo “la democracia está secuestrada”. De ahí que el referéndum sea “la oportunidad para reivindicar nuestra dignidad y la participación en la vida política, y reivindicar nuestro Estado Social de Derecho”.
Berzosa, como recoge Gaceta Sindical, alertó de que “los mercados se han impuesto a los Gobiernos” y de ese modo “la democracia está secuestrada”. De ahí que el referéndum sea “la oportunidad para reivindicar nuestra dignidad y la participación en la vida política, y reivindicar nuestro Estado Social de Derecho”.
Ejecutivo actuando como si los votos fueran “cheque en blanco”
Por su parte, el periodista Máximo Pradera, también miembro de la Comisión Promotora, lamentó que las medidas electorales no tengan carácter de “obligación jurídica” para poder llevar al Gobierno a los tribunales por sus incumplimientos, acusando al Ejecutivo de Rajoy de actuar “como si los votos obtenidos en las elecciones fueran un cheque en blanco para hacer y deshacer en libertad”.
Por su parte, el periodista Máximo Pradera, también miembro de la Comisión Promotora, lamentó que las medidas electorales no tengan carácter de “obligación jurídica” para poder llevar al Gobierno a los tribunales por sus incumplimientos, acusando al Ejecutivo de Rajoy de actuar “como si los votos obtenidos en las elecciones fueran un cheque en blanco para hacer y deshacer en libertad”.
La carta que se enviará a Rajoy, que fue leída por la escritora Almudena Grandes, aparece reproducida en su integridad a continuación.
Señor presidente del Gobierno de España:
Nos dirigimos a usted en nombre de la ciudadanía y del profundo malestar que experimenta ante la situación de deterioro político, económico e institucional en el que nuestro país parece a punto de naufragar.No cuestionamos la legitimidad de su gobierno, pero queremos hacer constar que la legítima victoria electoral que el PP obtuvo el 20 de noviembre de 2011, se fundó en un programa donde no constaba ninguna de las medidas que usted ha aplicado desde entonces, con el pretexto de resolver la atroz crisis económica que padecemos sin lograr otra cosa que agudizarla aún más.En su programa electoral ni siquiera se insinuaban los brutales recortes que han sufrido las inversiones y servicios públicos de nuestro país. Tampoco se anunciaron en el debate de investidura, y a partir de entonces, los miembros del gobierno que usted preside se han dedicado a desmentir sistemáticamente sus propias políticas, en un ejercicio de hipocresía sin precedentes desde la instauración de la democracia española. Como consecuencia de sus prácticas, amplios sectores de la sociedad sentimos que nos hallamos ante un flagrante incumplimento del “contrato electoral” establecido entre el PP y sus votantes. Y consideramos que esta situación sólo puede resolverse democráticamente si el programa de gobierno que antes ignorábamos y ahora padecemos se somete a consideración de los mismos electores que le llevaron al poder.El deterioro al que están siendo sometidos los derechos sociales y laborales y las redes de protección, los recortes en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales, el deterioro y abandono al que se ve sometido el medio rural, el empobrecimiento de la mayoría de la población, la eliminación de derechos de las mujeres, la injusticia de las medidas que se vienen adoptando y la constatación de que los más ricos y poderosos de nuestro país no sólo no contribuyen a paliar esta situación, sino que están consiguiendo eludir sus responsabilidades, y hasta enriquecerse aún más a costa de todos, están alimentando un sentimiento de indignación popular que se traduce en una profunda animadversión hacia quienes aplican unas políticas que agreden a los ciudadanos en lugar de proteger sus intereses. En esta situación, afrontamos un serio, y creciente, riesgo de desafección democrática -como ha quedado reflejado en la última encuesta del CIS-, que puede desembocar en expresiones mucho más dramáticas e indeseables que las que hemos visto hasta ahora.Parte de la desafección que siente la ciudadanía hacia las instituciones democráticas se justifica por la distancia que se percibe entre lo que los representantes políticos dicen cuando están en campaña electoral y lo que hacen cuando llegan al poder, en cómo se ejerce la actividad política y en la relación que instituciones y formaciones políticas establecen con los ciudadanos.Por estas razones, y amparándonos en el artículo 92.1 de la Constitución española, que establece que: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”, reclamamos que se celebre una consulta popular vinculante acerca de los recortes que están cambiando la realidad de nuestro país y la vida cotidiana de sus habitantes.Su gobierno no puede seguir escudándose en el argumento de que los ciudadanos les votaron para superar la crisis y que las medidas que ahora aplica van en esa dirección. Porque si los ciudadanos queremos que se supere la crisis, también queremos y tenemos derecho a saber cómo se hará, qué supondrá en nuestras condiciones y expectativas de vida, y si los esfuerzos a realizar se practicarán de forma equilibrada.El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido, sobre la individualización de las relaciones laborales, sobre los recortes en educación y sanidad, sobre el incremento de los impuestos, sobre la reducción de salario y empleo en las administraciones y empresas públicas, sobre los recortes en dependencia, sobre la reducción de las prestaciones por desempleo… Esos son los temas responsables de que muchos de sus votantes se sientan estafados por su gobierno. Nuestra iniciativa pretende darles la oportunidad de opinar sobre lo que su campaña y su programa electoral les escamoteó hace un año.No estamos planteando nada estrafalario. Ningún gobernante democrático debería temer las consultas populares, y además, existen precedentes. En la década de los ochenta el Gobierno socialista, pese a contar con una mayoría absoluta de 202 diputados, sometió a referéndum la entrada de España en la OTAN. Se trataba entonces, como ahora, de una decisión política de especial trascendencia que no había figurado previamente en su programa electoral.Volvemos a encontrarnos ante “decisiones políticas de especial trascendencia”, ya que pueden limitar drásticamente el ejercicio de derechos civiles garantizados por la Constitución de 1978. Si entonces los ciudadanos fuimos llamados a aprobarla en referéndum, ahora nadie debería negarnos la oportunidad de volver a opinar sobre las modificaciones que, de hecho, los recortes imponen a aquel texto. Si a esto le añadimos el efecto universal de unas medidas que padecemos todos los españoles sin que ninguno de nosotros haya podido opinar sobre ellas, nadie puede extrañarse de que pidamos al Gobierno que usted preside que convoque un referéndum en el que la ciudadanía pueda expresar libremente su opinión sobre si este es el camino a seguir para superar la crisis.
