SUMARIO DEL CASO GÜRTEL

Enlace al Sumario

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2037133/04/10/Consulte-el-sumario-integro-del-Caso-Gurtel.html

Comienzan con violencia policial los derribos en el barrio valenciano de El Cabanyal

Varias palas excavadoras han comenzado a primera hora de este martes a derribar un grupo de viviendas de la calle de San Pedro del barrio de El Cabanyal, donde se ha concentrado un grupo de vecinos para tratar de impedir una actuación que ha sido aislada por un cordón policial.
Además, este martes se ha conocido la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Valencia que deniega la petición de medidas cautelarísimas solicitada por la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal para paralizar los derribos que se llevan a cabo en este barrio valenciano.
Así lo han confirmado fuentes municipales, según las cuales el Juzgado considera que no se acredita la urgencia de la medida y entiende que el acto administrativo del Ayuntamiento es legal, por lo que no autoriza la paralización de unas obras que a primera hora de la mañana habían derruido ya uno de los cinco edificios que el Consistorio pretende derribar.
Las mismas fuentes han señalado que los derribos pueden continuar, aunque han precisado que queda pendiente de resolución la otra medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, presentada este martes en el mismo sentido que la de Salvem el Cabanyal y de la que ha informado el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta.
Desde las 08.00 horas varios vecinos del barrio han acudido al lugar del primer derribo, en el número 29 de la calle de San Pedro, previendo que iban a comenzar los derribos ya que entra en vigor la ley aprobada el pasado 24 de marzo en el pleno de Les Corts, por la mayoría de votos del PP, que autoriza todas las actuaciones del Plan del barrio de El Cabanyal, de Valencia.
Aunque fuentes municipales no habían confirmado aún el comienzo oficial de los derribos en esta zona, las palas derribaron el inmueble entre la calle de San Pedro y la de Luis Despuig.
Según Doménech, los vecinos habían rodeado las casas que estaba previsto derribar cuando han llegado "alrededor de 30 ó 40 policías en varios furgones" y les han retirado del lugar "por la fuerza".
En la actuación intervienen "numerosas" palas excavadoras y coches-grúa, y Doménech ha afirmado que, por los medios desplegados en la calle, los vecinos temen que los derribos de hoy vayan a ser "en cadena".

Según ha declarado, "se está viviendo un ataque masivo" en el barrio, "cuyo objetivo esta jornada es la calle San Pedro".
No obstante, ha insistido en que los vecinos concentrados en la vía, que protagonizan constantes pitadas, quejas y sentadas de protesta, no van a abandonar la zona a pesar de la presión policial.
"No nos hemos movilizado antes de que entrara en vigor, en enero, la orden ministerial que protegía el barrio. Posteriormente a ella, sí lo estamos haciendo porque esto es un atropello", se ha quejado.
Ha criticado además el "excesivo" despliegue policial -del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local- desarrollado con motivo de los derribos, "unos policías que nunca antes han venido a una zona que se considera peligrosa por la venta de drogas", ha criticado.
A la zona ha acudido también el concejal socialista Vicente González Móstoles para interesarse por los hechos.

Violencia policial

Posteriormente, agentes de la Policía Local de Valencia desalojaron a rastras a diversos políticos y vecinos concentrados en el segundo inmueble ubicado en la calle Vidal de Cañelles, del barrio de El Cabanyal, número 15, pendiente de derribo tras entrar en vigor en esta jornada la Ley de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia, que declara expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) del barrio no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico.

El desalojo se produjo a la fuerza después de que los agentes hayan invitado a políticos, vecinos y medios de comunicación a abandonar la zona tras la decisión del juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Valencia.

Entre los políticos desalojados por la Policía se encuentran el secretario general del PSPV en la ciudad de Valencia, Salvador Broseta; el coordinador de EUPV en la ciudad de Valencia, Amadeu Sanchis; el edil socialista Vicente González Móstoles; los diputados de EUPV en las Corts, Marga Sanz y Lluís Torró y la presidenta de Salvem El Cabanyal, Maribel Doménech.

La portavoz adjunta de Compromís en la Cámara autonómica, Mònica Oltra cayó al suelo, mientras los vecinos gritaban contra la actuación de derribo, que calificaban de "ilegal" y algunos afirmaban que los agentes les habían llegado a "agredir".

Según explicó la diputada, cuando la Policía intervino para desalojar a los concentrados, se identificó como diputada para señalar que goza de inmunidad, ante lo que lo que los agentes le han contestado: "ni diputada ni leches", aseguró. La síndica adjunta de Compromís señaló, no obstante, que no ha podido identificar a estos efectivos.

Oltra explicó que siente un fuerte dolor en la cabeza y en algunas extremidades, ya que tras caer al suelo, varias personas se precipitaron también sobre ella a causa de la actuación de la Policía, apuntó.

Finalmente indicó que, a pesar de identificarse como parlamentaria electa en las Corts Valencianes, un agente la tiró al suelo y que se golpeó en la cabeza. Afirmó que mañana presentará una denuncia por estos hechos ante los agentes de la Policía Nacional que realizan las labores de vigilancia en el edificio de la Cámara autonómica.

Fabra y Matas

El PP elude responsabilidades por la corrupción confiado en su ventaja en las encuestas

Seis años han necesitado los peritos judiciales para desentrañar la red de cuentas en las que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ingresó hasta 5,3 millones de euros sin justificar. Cuando el fiscal anticorrupción formule sus conclusiones tomando como base el informe de los peritos, Fabra deberá previsiblemente enfrentarse a tres presuntos delitos contra la Administración pública -cohecho, tráfico de influencias y prevaricación-, además de a un posible delito fiscal como el que ya le llevó ante los tribunales en 1999.

La investigación judicial sobre el patrimonio de Fabra parte de la denuncia de un empresario que le acusó de exigir importantes comisiones a cambio de favores realizados desde la Diputación. No se trata, pues, de una persecución política, según la fórmula en la que suelen escudarse los dirigentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana cuando deben rendir cuentas por presuntos delitos de corrupción. En este como en otros casos, se trata de un episodio que tiene como origen la iniciativa de alguien que se sometió a la extorsión y que, por la razón que sea, decidió revelarla al cabo de un tiempo.

Los conductos por los que llegaron a las cuentas personales de Fabra los 5,3 millones de euros sin justificar, y que los peritos han identificado y cuantificado, conceden verosimilitud a la denuncia. El presidente de la Diputación de Castellón recibió aproximadamente la mitad de esos fondos a través de cheques, muchos de ellos al portador. Otra parte sustancial, hasta 1.800.000 euros, mediante ingresos en metálico, y el resto en transferencias bancarias. El volumen total multiplica varias veces sus ingresos como cargo público.

El cada vez más oscuro horizonte judicial de Fabra se suma al del antiguo presidente balear Jaume Matas y a los avances en la investigación de la trama Gürtel, sin que la dirección del PP haya hecho hasta ahora otra cosa que distribuir diferentes dosis públicas de afecto entre los encausados, según el grado de apoyo con el que cuentan. Lo que no ha hecho, en ningún caso, es asumir responsabilidades políticas ni exigir a los dirigentes implicados que las asuman. Por si cupiera alguna duda, el hecho de que haya sido Matas quien solicitó la suspensión temporal de su militancia, además de la condescendencia de la dirección popular frente a Fabra, demuestra que la aprobación de un código ético, hace apenas unos meses, no pasó de ser una operación propagandística.

Confiado en las encuestas, el PP sigue sin asumir que la falta de respuesta política a la corrupción en sus filas no sólo envilece la alternativa que representa, sino que también debilita a la totalidad del sistema democrático. Creer que estos casos no pasan factura electoral es obstinarse en ver un rayo de sol en mitad de un cielo plagado de oscuros presagios: de nada sirve a un partido mantener sus votos de hoy, si para ello no duda en minar la confianza de los ciudadanos en la totalidad de la clase política.

Un aluvión de pruebas acorrala a Bárcenas en el 'caso Gürtel'

El ex tesorero del PP, implicado en el cobro de 1,3 millones de euros.- El juez incluye en el sumario evidencias de la financiación ilegal del PP de Valencia.- El Gobierno de Aguirre vulneró todas las normas de contratación a favor de Correa
El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha levantado esta mañana el sumario del mayor escándalo de corrupción política de la democracia. De los 50.000 nuevos folios se desprenden un aluvión de pruebas contra Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, y evidencias que apuntan a la financiación ilegal de esta formación en Valencia.

Al margen de las pruebas contra el ex tesorero del PP, el sumario recoge datos sobre la financiación ilegal del partido en Valencia, que llegó a pagar 6,3 millones de euros por actos electorales en dinero opaco. Facturas de Orange Market, la empresa de la trama que operaba en esta Comunidad, apuntalan las trampas contables de la formación del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Entre los datos publicados hoy se incluye también un informe que indica que varias Consejerías de la Comunidad de Madrid hicieron caso omiso de la normativa de contratación pública con el fin de que empresas de la trama salieran beneficiadas.

Rajoy, en la encrucijada de la corrupción

Todo el PP mira hoy a Rajoy que, como le dibuja Peridis en El País, está debajo del paraguas aguantando como puede el chaparrón de los 50.000 folios de la Gürtel

Rajoy es plenamente consciente de que la situación de su ex tesorero es insostenible y así se lo dicen gente de su entorno más cercano como Cospedal e incluso Soraya Sáenz de Santamaría pero Rajoy, que lleva toda la vida en el PP, sabe también que Bárcenas no es un imputado más.

Lo sabe todo del partido, lo bueno y lo malo, y si lo arroja a los leones como ha hecho con Matas puede ser peor. De hecho, Bárcenas ya le ha amenazado varias veces con tirar de la manta y además no está solo: el viejo aparato de Génova le respalda y le apoya y ahí están las palabras de hoy mismo de Arenas y el blindaje que sigue dándole Cascos.

Rajoy se encuentra una vez más en una encrucijada y seguramente piensa que si no hace nada, algún día dejará de llover pero debería tener en cuenta también que los ciudadanos le están observando y que para ser presidente del Gobierno, hay también que merecerlo y no sólo sentarse a esperar.

Ironías de la vida: un día, el PP de Aznar se presentó como un partido incompatible con la corrupción. Ahora lo que está en juego es si el PP se ha convertido en un partido que tolera, tapa y convive con la corrupción. O rompen o quedaran bajo sospecha.

Rajoy no se atreve a romper con un Bárcenas Acorralado por la Gürtel

El sumario aporta nuevos indicios de financiación ilegal del PP en Valencia y Madrid
El levantamiento del secreto de sumario ha dejado al descubierto el papel central de Luis Bárcenas en la trama. Según la investigación, no hay dudas de que L.B es Bárcenas y de que cobró 1.300.000 euros de la caja de dinero negro de Correa. Bárcenas multiplicó por cuatro su patrimonio en cinco años. El sumario es contundente y demoledor con el ex tesorero popular. Pese a ello, Rajoy, permitirá que siga siendo el senador del PP para ser aforado en el Supremo. La investigación confirma indicios de financiación ilegal en el PP de Madrid y de Valencia. 'El Bigotes' hizo regalos millonarios a todo el gobierno de Camps y a la familia de muchos de los dirigentes del PP valenciano

Dentro de los archivos encontrados en el 'pen drive' de la trama corrupta localizado en la calle General Martínez Campos de la capital, la carpeta "PP Madrid", contiene el detalle de las facturas emitidas por actos del Partido Popular madrileño para las elecciones autonómicas de 2003 y las generales y europeas de 2004.

Unas facturas que fueron pagadas a través de una fundación, Fundescam, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid que tiene su sede en la calle Génova y que actualmente preside la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. La ley no permite que las Fundaciones sufraguen actos electorales.

El informe de la UDEF, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, está fechado el 31 de julio de 2009 e incorporado al sumario y detalla las vinculaciones de la organización de Francisco Correa con varias administraciones del Partido Popular.

El sumario también revela indicios de financiación ilegal del Partido Popular valenciano. Un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía asegura que Orange Market facturaba en B los actos del PP en la Comunidad Valenciana.

Según el informe "no existe transparencia en las actividades de Orange Market en relación al PP de la Comunidad Valenciana". Y añade que "existe una financiación de actos del Partido Popular por parte de empresarios". Éstos, a sus vez, tienen contratos vigentes con las administraciones públicas que dependen de la comunidad.

El informe policial también identifica las empresas que participaron en la financiación de los actos del PP. Son FACSA, PIAF, Lubasa, Sedesa y Enrique Ortiz e Hijos, todas ellas adjudicatarias habituales en las concesiones otorgadas por el Gobierno de Francisco Camps.

Estas empresas pagaban a Orange Market por la realización de actos que inicialmente eran facturados al PP como queda acreditado por varias facturas incluidas en el sumario en las que se cambia el cliente: inicialmente era el PP de la Comunidad Valencia y pasar a ser alguna de las empresas anteriores.