Señor Rajoy: el dinero de ‘Don Vito’ es de los contribuyentes

Sostener públicamente que cuatro caraduras montaron una trama para aprovecharse del Partido Popular, sometido ahora a una supuesta persecución política, es un insulto a la inteligencia. Nada menos que 18 cargos del PP han recibido, en dinero blanco o negro o en especie, 6,3 millones de euros, cantidad con la que se pueden comprar 25 Ferraris último modelo o 32 pisos de 200.000 euros, eso depende de las necesidades o caprichos de cada cual. Lo importante de verdad, lo que conviene que nadie olvide, es que ese dinero pertenece a todos los contribuyentes. No sale de la perspicacia financiera de Don Vito Correa ni de un hortera del calibre de El Bigotes. Ni siquiera sale de afortunadas inversiones en arte del ex tesorero y todavía senador Luis Bárcenas o de la aguda visión comercial de consejeros, alcaldes y concejales del PP. Las pruebas de esos sobornos que figuran en el sumario del caso Gürtel son contundentes, como lo son también las que llevan a la conclusión de que el PP se ha financiado ilegalmente al menos en tres comunidades autónomas. Obviamente con mucho más dinero, que también sale de las arcas públicas. Dicho de otro modo: de los impuestos que pagamos entre todos. De esos mismos impuestos cuya subida califica Mariano Rajoy de catástrofe absoluta para el futuro de España.

Los dirigentes del PP tienen perfecto derecho a engañarse a sí mismos con la estrategia de culpar siempre al prójimo de sus propios males. Pero no a ofender al ciudadano al que se ha robado descaradamente.

Jesús Maraña

PROTAGONISTAS | 'Caso Gürtel'

Todos los hombres de la trama Gürtel

Un total de 17 políticos relacionados con el Partido Popular cobraron 5,5 millones de euros de la trama corrupta de Francisco Correa en especies y efectivo. Estos son los nombres de la trama:

Francisco Correa: "Llámame Vito, Don Vito", le ordenó un día Francisco Correa al administrador de sus empresas en un intento por convertirse en el personaje que hizo saltar a la fama a Francis Ford Coppola.
Correa es el líder y cabecilla de la presunta trama. Su estrecha relación, sus tratos de favor y sus regalos a varios dirigentes del PP le sirvieron para crear una red de corrupción. Su don de gentes le llevó a codearse y entablar relación con lo más selecto del PP. En total Correa habría 'invertido' en política unos 5,5 millones de euros. Los investigadores calculan que las ganancias sumarían ocho veces más. El sumario revela además que las aspiraciones de Correa no tenían límite y tanto él como 'El Bigotes' intentaron continuar con la red de corrupción desde la cárcel.

Pablo Crespo: El ex secretario de Organización del PP gallego y 'número dos' de 'Don Vito' ha sido una de las sorpresas recogidas en el sumario al descubrirse que también los 'populares' gallegos recibían los favores de la trama. Crespo relató a su abogado desde la prisión de Soto del Real de la existencia de una documentación que podría revelar irregularidades en la financiación del PP gallego entre 1996 y mediados de 1999. "El lío que se puede montar es morrocotudo", dijo a su letrado. Del análisis de estos datos, el informe policial concluye que existía un importe de los gastos generados por el PP justificados mediante recibos y otros que no lo estaban, los cuales "se tratan de justificar mediante la emisión" de facturas de distintas empresas que formaban parte del entramado societario de Francisco Correa.

Álvaro Pérez, 'El Bigotes': Amigo de Ricardo Costa, Francisco Camps y Víctor Campos, 'El Bigotes' era la extensión de Correa en Valencia. Gestionó la compra de un deportivo para Costa, puso en contacto a Camps con Bill Richardson y otras muchas cosas más, según el sumario, todo con el fin de extender los tentáculos de la trama de corrupción por Valencia haciéndose con los actos electorales del partido y con adjudicaciones de la Generalitat.

José Luis Izquierdo: Es el contable de la red, el que movía todas las ganancias, todos los pagos y el que saneaba las cuentas de la corrupción (la caja B). Izquierdo, por orden del ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo y número dos de la trama de Correa, llevaba un detallado control de la contabilidad y, para ello, había abierto una cuenta por cada persona física, jurídica o evento. En el informe policial se destaca que durante el registro practicado en el domicilio particular de José Luis Izquierdo, éste intentó esconder en la mano una memoria externa, lo que pone de manifiesto que "conoce la relevancia de la información que almacena" el dispositivo y la sensibilidad y confidencialidad de los datos.

Alejandro Agag: El yerno y ex asesor de José María Aznar, Alejandro Aznar, aparece en las anotaciones contables de la 'caja B' de las empresas de Francisco Correa. Correa fue amigo de Agag durante años. Fue incluso uno de los 24 testigos de su boda con Ana Aznar en 2002. Quien también fue testigo del enlace de Agag fue el también imputado Jacobo Gordon, también empresario y compañero de carrera -Empresariales- de Alejandro Agag.

Jesús Sepúlveda: Según se desprende del sumario del caso, Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex coordinador electoral del PP nacional, tuvo una relación muy estrecha con el líder de la trama de corrupción, Francisco Correa. Tan intensa era dicha relación que Sepúlveda pudo recibir al menos durante cuatro años entregas casi mensuales de dinero por un montante total de más de 442.992 euros a cambio de contratos para las empresas de Correa. La documentación también desvela a Sepúlveda como perceptor de suculentos regalos, entre ellos un todoterreno, un Jaguar, una pantalla de plasma y otros.

Ana Mato: El nombre la actual vicesecretaria de organización del PP y ex mujer de Jesús Sepulveda aparece también en el sumario de caso. El informe de la policía del 23 de marzo señala que la red cambió la titularidad de un vehículo Suzuki Swift GT8 en 1994. Este coche pasó de ser de la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, a ser transferido a Mato.

Luis Bárcenas: Ex tesorero del PP y senador habría recibido 1,05 millones de euros "en efectivo" de la trama corrupta de Francisco Correa. De acuerdo con las investigaciones, Bárcenas habría recibido un mínimo de un millón de euros, "percepciones económicas irregulares" que "no se corresponden con actividades profesionales o de otro tipo que puedan justificar su recepción". También su mujer, Rosalía Iglesias Villar, aparece como una de las 64 personas que figuran como imputadas en la rama madrileña.

Ricardo Costa: El que, según Correa, iba a ser "el futuro presidente del Gobierno de este país" es otro de los nombres que aparecen repetidamente en las intervenciones telefónicas, bien por que Álvaro Pérez 'El Bigotes' y otro de los imputados, Pablo Crespo, gestionaron para él la adquisición de un vehículo de alta gama. Según estas conversaciones contenidas en el sumario, 'El Bigotes' se refiere a Costa como "un amigo de verdad", al que querría aunque fuera "un pobre de pedir". Además, el sumario revela que el dirigente valenciano recibió como regalo un reloj de 20.000 euros del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi -que no está imputado en la trama-. Pérez se lo cuenta a Crespo y le relata que ha ido con Costa a que le ajusten la correa, y que éste estaba "como un niño con zapatos nuevos".

Francisco Camps: Según el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal recogido en el sumario, el presidente de la Generalitat valenciana recibió un cobro en especie de 12.738 euros. En una conversación, 'El Bigotes' cuenta que Camps quería hacerse una foto con Barack Obama y que el le había convencido de que eso era imposible y le había ofrecido como alternativa un encuentro con el gobernador de Nuevo México. Un mes después, Camps viajó a EEUU y se entrevistó con Bill Richardson.

Francisco Álvarez Cascos: Las virtudes hipnóticas de Correa también llegaron hasta el ex ministro de Fomento durante el Ejecutivo de Aznar. En uno de los interrogatorios en la Audiencia Nacional a 'Don Vito' éste revela una "cierta relación" con el ex ministro. "Me dio una cuenta en Aena y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur y se hacían un montón de eventos". Además, Pablo Crespo detalla también que organizó viajes para el PP cuando Álvarez Cascos y Javier Arenas ocupaban la Secretaría General.

Alberto López Viejo: "El muñidor de toda la operativa" de la rama madrileña del 'caso Gürtel'. Así le denomina el propio Correa al que fuera hombre de confianza de Esperanza Aguirre y ex consejero de la Comunidad de Madrid.
Según una conversación de Correa transcrita por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, "cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid, se llevaba una pasta Alberto". La Comunidad de Madrid asignó 66 contratos por valor de 760.717,87 euros a tres empresas de la trama Gürtel entre los años 2004 y 2008. "(...) él decía 'Ahora en un acto de Sanidad, que cuesta 80.000 euros, y facturáis 11.900 IVA incluido; a fulanito, a través de una empresa, otros 11.900 y pico".

Benjamín Martín Vasco: 345.166 euros en efectivo y especies fue la cantidad que el diputado madrileño recibió de la trama. El precio de los presentes concedidos a los implicados madrileños, variaba desde los 20 euros hasta "bolsos de mil y pico euros" para "secretarias", trajes de Milano, albornoces con invitaciones a spas, pero también coches todoterreno e incluso dinero en efectivo a personas como Martín Vasco. Según contó Felisa Jordán, colaboradora de Correa, Juan Fernández, otro de los responsables de la trama, hizo un comentario sobre Martín Vasco que le sorprendió y demuestra su implicación con el caso: "Vaya tela, cómo está Benjamín Martín Vasco, el Correíta lo tiene mosqueado. Me dijo, lo tiene mosqueado porque no le ha pagado lo que le debe", en total "cuatrocientos mil euros".

José Luis Peñas: Las aspiraciones políticas de Correa venían de lejos, según se desprende del contenido de una reunión que mantuvo el 7 de febrero de 2006 con, entre otros, el ex concejal de Hacienda de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, uno de los denunciantes de la trama de corrupción. En ese encuentro, Correa plantea la idea de concurrir a las elecciones municipales en esa localidad con una fundación planteada "no como un partido político, sino como una empresa". "Correa dice que tiene que decir que esto va a ser diferente y que no va a ser para amiguetes. Que si después resulta que es igual, da lo mismo, porque ya estás gobernando", señala el sumario.

Alfonso Bosch Tejedor: parlamentario autonómico del PP. Ex gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, el magistrado Baltasar Garzón le atribuyó los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita. El magistrado cree que "habría recibido pagos" del grupo Correa por su intermediación en la adjudicación de obras locales.

José Galeote: El juez impuso una fianza de 1.000.000 de euros a este ex concejal del PP en Boadilla, quien ante el juez negó que hubiese cobrado los sobornos que le atribuye Garzón -612.506 euros- y sólo admitió que pidió un préstamo a Correa para comprar un coche, aclarando que se lo devolvió íntegro en tres plazos. Es el padre de Ricardo Galeote, también imputado, y del eurodiputado Gerardo Galeote, que no lo está, pese a que Garzón sostiene que percibió 652.310 euros de la 'red Gürtel'.

Arturo González Panero: El ex alcalde 'popular' de Boadilla del Monte, a quien el juez Pedreira impuso una fianza de 1.800.000 euros, tampoco quiso declarar cuando fue requerido por el magistrado, el pasado 9 de junio. Está acusado de asociación ilícita, cohecho (sobornos), tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Guillermo Ortega: Alcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005, contó como jefa de gabinete con Carmen Rodríguez, esposa de Francisco Correa. Aprobó contratos con Special Events por más de 125.000 euros. Hasta el pasado 10 de febrero ocupaba la gerencia del Mercado Puerta de Toledo, un cargo designado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ginés López: ex alcalde de Arganda del Rey. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de haber recibido 1,3 millones de euros en sobornos de las empresas gestionadas por Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

Esther Mucientes | Madrid

OBRAS EN EL BARRANCO

Con notable retraso sobre el horario anunciado la Consellera Maritina Hernández informó ayer de las obras que se van a realizar en el barranco.
En ellas se incluyen las dos pasarelas que han sido financiadas por el Gobierno Central mediante el Plan Zapatero. (Salvo que las pasarelas previstas sean cuatro)

EL SAINETE DEL PRESIDENTE

La pasada semana hemos vivido en la Comunitat Valenciana el Debate de Política General. Un debate que era imposible realizar sin la mancha de aceite que todo lo pringa y que se llama Caso Gürtel. El Presidente Camps, en un ejercicio de cinismo, obvió el asunto del escándalo de corrupción de Gürtel y la posible financiación del PP. Ni lo mencionó. Como si él no supiera nada o como si no estuviera afectando a la vida política, social y empresarial de la Comunidad.
Pero hay una cosa importante que quedó sobre la mesa: Un gobierno bajo sospecha no tiene credibilidad. El Presidente Camps subió a hablar de un plan de austeridad en la Generalitat. Y todos nos preguntamos: ¿significa eso que ya no se cobrarán comisiones o se pagarán ellos mismos sus trajes?; habló de lo mucho que le importan los valencianos y que no subirá los impuestos. Y mentalmente me preguntaba: ¿cuánto hemos pagado los valencianos de nuestros bolsillos a la trama Gürtel?; lanzó mensajes positivos de prosperidad a las empresas a través de los grandes eventos y la promoción de la Comunidad. Y entre las empresas sólo se habla de los maletines, el soborno, y pagos en negro que se necesitan para conseguir una adjudicación, o las relaciones de empresas como Sedesa con el gobierno valenciano.
Fue un debate estéril porque no puede haber futuro en un Gobierno y un Presidente que están pendientes de un hilo, cuya honorabilidad está cuestionada, cuando sus acciones y gestiones han sido investigadas policialmente, con autorización judicial, y pendientes de ser juzgadas. No había futuro en el debate porque se está cerrando una etapa, aunque Camps se resista a aceptarlo.
Las sospechas de corrupción están en el corazón y en el estómago del propio gobierno. Afecta al portavoz de su grupo parlamentario, Ricardo Costa, cuya cabeza ya tiene precio por parte de los medios de comunicación o de su propio partido. Como dicen en el PP, «nadie llorará por él». En las conversaciones y documentos, aparece el vicepresidente primero, Vicente Rambla, persona de total confianza en el gobierno Camps. Hasta la propia familia del Presidente sale implicada en este asunto. ¿Cuántos interpuestos tendrán que dimitir antes de que el Presidente de la Generalitat, y también del PP valenciano, asuma sus responsabilidades?
Cada vez que Camps está agobiado por la presión mediática, social y judicial, sale en su defensa, «poniendo la mano en el fuego», Don Carlos Fabra. Nunca sé si es realmente un apoyo o una amenaza velada. Recuerdo lo mal que sonaba en las películas de la mafia cuando decían «éste es uno de los nuestros».
Durante todo el debate, Camps se reía, hacía bromas, chistes, se burlaba de la oposición, le mandaba recados a Rajoy advirtiéndole su peso en una victoria electoral. Pero lo que Rajoy empieza a temer es que Camps sea la sepultura de su etapa al frente del PP. ¿Por qué se ríe Camps? Si lo que se le imputa es mentira, debería estar indignado por las calumnias; y si es verdad, debería estar francamente preocupado, como se veía a los miembros de su propio partido durante el debate. Ya sé que es una estrategia de huida hacia adelante, pero sólo demuestra que es un magnífico actor de comedia capaz de escenificar, con una soberbia inaudita, que es un hombre feliz al tiempo que asiste a su entierro político.
Ésa es la mayor muestra de su falta de credibilidad: saber mentir y ocultar sus sentimientos. Cuando alguien utiliza la impostura en política como estrategia no merece ninguna confianza.

Ana Noguera

El contable desveló sobornos y la financiación ilegal del PP

EL SUMARIO DE LA 'GÚRTEL'

Correa pidió a su contable que le llamara "Don Vito" en la contabilidad B

En su declaración ante el juez Baltasar Garzón, el contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, negó tener cualquier responsabilidad y trató de responder a todas las preguntas que se le hicieron. Izquierdo hizo lo que sus jefes esperaban de él. Aprovechó los tres o cuatro minutos de retardo con los que se abría la puerta del piso de la calle Serrano de Madrid para ocultar la contabilidad B del grupo de empresas de Francisco Correa. Estaba en un lápiz de memoria que se llevó a casa, escoltado por la Policía para realizar un registro, escondido en el puño dentro del bolsillo. Cuando iba a ser cacheado, lo sacó.

Gracias a esa memoria externa se vislumbraba ya en febrero el verdadero alcance de la trama de corrupción que afecta al PP y a varias de las comunidades en las que gobierna, sobre todo, Valencia y Madrid. En estos ocho meses, los datos que aportó Izquierdo en su primera declaración ante Garzón, el 13 de febrero, se han ido confirmando y ampliando. Conocía los nombres de las personas que aparecían en la caja B del grupo y que acabaron siendo imputadas, y los de las empresas de la trama, incluidas las ubicadas en paraísos fiscales, con las que se blanqueaba el dinero cobrado y pagado en comisiones.

"Hago lo que me dicen"

En la Audiencia Nacional, Izquierdo explicó que el presunto número dos de la trama, Pablo Crespo, le pidió que se lo llevara a casa por seguridad. Por el mismo motivo, el contable justificó los 60.000 euros que se encontraron en su domicilio: "Me limito a hacer lo que me dicen, lo que mandan".

Quizá por eso, todos los apuntes de la caja B pasaban por sus manos y conocía a los ex concejales de Majadahonda (Madrid) que cobraban 3.000 euros mensuales de la trama, aunque luego acabaran denunciando a Correa. También el entonces alcalde, Guillermo Ortega, y el ex regidor de Boadilla Arturo González Panero. Señaló a Antonio Cámara, que había sido secretario personal de Aznar. Y hasta dijo que L. B. debía ser el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Según Izquierdo, en cierta ocasión Correa le dijo que se refiriera a él como "don Vito", y como no sabía si se lo decía en broma o en serio, lo hacía constar como "D.V.I.T.O." en la contabilidad. Por si quedaban dudas, el juez le preguntó si se refería al "don Vito de la película", por El padrino.

Superando la anécdota, en la memoria aparecían los tres aforados por los que luego Garzón terminó inhibiéndose a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los diputados del PP Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Y también el ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote y su hermano Ricardo.

Financiación irregular

En el lápiz de memoria aparecen cuentas por distintos eventos: campañas electorales de Madrid y Galicia, actos de NNGG y hasta congresos, como el celebrado por el PP en Valencia. Izquierdo dijo ignorar quién era el que pagaba por el PP con dinero negro, pero admitió la práctica.

De la memoria, la policía infirió "un sistema de contabilización de operaciones con fondos de una caja paralela". Se nutre con dinero que presuntamente "procede de comisiones por la adjudicación de obras urbanísticas y la consecución de un elevado número de adjudicaciones públicas irregulares".

Camps, sometido al juicio público

La mitad de los españoles cree que el presidente valenciano debería dejar su cargo según refleja un sondeo del diario Público en el que también son mayoría los que consideran fundadas las acusaciones de financiación ilegal del PP.

Un 45,2% de los españoles considera que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, debería dimitir por los escándalos de corrupción y financiación ilegal que salpican a su partido, según refleja un sondeo publicado este lunes por el diario Público.

El dato pone de manifiesto el peligro que supondría para el PP de Valencia adelantar las elecciones autonómicas tal y como le exige la oposición. De hecho, un 21% de los votantes del PP (es decir, uno de cada cinco) apoya el cese del jefe del Consell antes incluso que el de Ricardo Costa y Vicente Rambla; el porcentaje sube hasta el 66% respecto a los votantes del PSOE.

Una mayoría, el 42,1% (en el caso de los votantes socialistas el porcentaje alcanza al 70%), también cree que las acusaciones sobre una supuesta trama de financiación ilegal del PPCV están fundadas, mientras el 18,5% (un 44% en caso de los votantes del PP), considera que son una campaña contra el partido organizada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, opinión que va en la línea con lo que mantiene el principal partido de la oposición sobre la llamada teoría de la persecución.

El sondeo también somete a juicio público la actuación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan Luis de la Rúa, amigo de Camps, que decidió archivar la causa por los trajes y declinó investigar el informe policial sobre financiación ilegal. Su actuación es criticada por el 40,6% de los españoles frente al 14,6% que la aprueba.
La desaprobación del magistrado llega al 58,6% cuando a los entrevistados se les pregunta sobre si debería abandonar su cargo y ser sustituido frente a un 10,5% que cree que no debería irse.

En este apartado, resalta el hecho de que el 51% de los votantes del PP también cuestionan su actuación, siendo el 77% en caso de los simpatizantes socialistas.

"Ricardo Costa es el responsable de los pagos y cobros con la empresa Orange Market"

El recurso del PSOE ante el Supremo señala la arbitrariedad del Tribunal Superior valenciano, su deslealtad procesal y la sucesión de pruebas sobre los regalos y la financiación irregular del PP

Pero dice más. Señala claramente que el tribunal que preside Juan Luis de la Rúa, públicamente reconocido por el presidente autonómico, Francisco Camps, como "más que un amigo", ignoró un informe policial de cuya lectura "se desprende sin dificultad alguna" que "Ricardo Costa que es el responsable de las decisiones relativas a los pagos y cobros con la empresa Orange Market, SL".

Consta en el informe policial, como se recoge en el recuso, que Orange Market pagó al PP 420.700 euros. Es decir, los socialistas no sólo le piden al Tribunal Supremo amparo para que se pueda investigar aquello por lo que fue aceptada la competencia del tribunal valenciano, un delito de cohecho pasivo impropio por el que fueron imputados en presidente Camps, el propio Costa y otros dos altos cargos, sino todo lo que a lo largo de las diligencias ha ido apareciendo: posibles contrataciones de favor de Orange Market, empresa dirigida por Álvaro Pérez, el Bigotes; y supuesta financiación irregular del PP valenciano.

Los socialistas consideran que la interpretación del artículo 426 del Código Penal que argumentó la sala de lo Civil y Penal, concretamente los magistrados Juan Luis de la Rúa y José Francisco Ceres (el juez Juan Montero emitió un voto particular) es absolutamente contraria a la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo. No es necesario el nexo de causalidad. Basta con aceptar el regalo o dádiva siendo funcionario o alto cargo para incurrir en un delito de cohecho pasivo impropio.

Por ello, según consta en el recurso, "existen patentes datos que ponen de relieve que bajo la excusa de una exigencia jurisprudencial derivada de la interpretación del artículo 426 del Código Penal, se ha alterado caprichosamente, extendiéndola a supuestos no contemplados, como es el caso de exigir que la relación de causalidad de la dádiva o regalo".

En consecuencia, continúa argumentando la acción popular, "esta manera de proceder supone una violación de la tutela judicial efectiva, de un proceso con todas las garantías al adoptarse una decisión absolutamente arbitraria, que ha traído como consecuencia dictar un sobreseimiento libre sin atender a elementos que se han puesto en comunicación del Tribunal por otro Tribunal, para finalmente no dar lugar a la inhibición porque la causa está cerrada".

LYDIA GARRIDO - Valencia - 05/10/2009 El PAIS

Alarte insiste en adelantar las elecciones y se ve ganador

El secretario general cree que Camps "no aguantará mucho más" y vaticina autonómicas en 4 meses

La petición de elecciones anticipadas por la implicación de la cúpula del PP valenciano y del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en el caso Gürtel parece que no fue una estrategia usada para sacar de sus casillas al líder de los populares en el debate sobre el estado de la Comunitat. Ayer, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, volvió a insistir en la disolución de las Corts Valencianes y en la convocatoria de elecciones en la Comunitat. Además, y esa fue la novedad ayer, Alarte aseguró que "el PSPV está en condiciones de dar un vuelco electoral, de abrir un nuevo tiempo, de cambiar el rumbo de nuestra Comunitat y de afrontar un proceso de políticas nuevas".
Para el líder de los socialistas valencianos "corren nuevos tiempos que requieren nuevas personas, nuevas ideas y nuevas fórmulas y por eso Camps se niega a convocar elecciones, porque sabe que en la actual coyuntura habría un vuelco electoral". Alarte calcula que en "tres o cuatro meses" habrá convocatoria de elecciones porque "Camps no va a aguantar mucho más".
Por su parte, en caso de que se celebren elecciones anticipadas, Alarte exigió "la expulsión en todas las candidaturas de aquellos que han tomado parte en el escándalo Gürtel", en clara alusión a Ricardo Costa y Vicente Rambla, ambos vinculados con la trama por informes muy comprometedores de la policía judicial.
Alarte hizo estas manifestaciones antes de asistir en Castelló a la clausura de los actos de la Escuela Tomás Meabe, que organiza Juventudes Socialistas de España. Allí también analizó la propuesta de reformar el Estatut de Autonomía para recibir más inversiones del Gobierno central, lanzada el sábado por el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps. "Me suena un poco a tiro desviado, además, tengo un cierto regusto con esta propuesta ya que el Estatuto se pactó en el año 2006 y ahora, en pleno caso Gürtel y con las peores vergüenzas del Consell al aire, se les ocurre hablar de esto".
Por otro lado, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, dijo de Rajoy en un acto de Bilbao que lo único que preocupa a Mariano Rajoy "son los ciudadanos Camps, Bárcenas y El Bigotes".