El PP elude responsabilidades por la corrupción confiado en su ventaja en las encuestas
Seis años han necesitado los peritos judiciales para desentrañar la red de cuentas en las que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ingresó hasta 5,3 millones de euros sin justificar. Cuando el fiscal anticorrupción formule sus conclusiones tomando como base el informe de los peritos, Fabra deberá previsiblemente enfrentarse a tres presuntos delitos contra la Administración pública -cohecho, tráfico de influencias y prevaricación-, además de a un posible delito fiscal como el que ya le llevó ante los tribunales en 1999.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Fabra parte de la denuncia de un empresario que le acusó de exigir importantes comisiones a cambio de favores realizados desde la Diputación. No se trata, pues, de una persecución política, según la fórmula en la que suelen escudarse los dirigentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana cuando deben rendir cuentas por presuntos delitos de corrupción. En este como en otros casos, se trata de un episodio que tiene como origen la iniciativa de alguien que se sometió a la extorsión y que, por la razón que sea, decidió revelarla al cabo de un tiempo.
Los conductos por los que llegaron a las cuentas personales de Fabra los 5,3 millones de euros sin justificar, y que los peritos han identificado y cuantificado, conceden verosimilitud a la denuncia. El presidente de la Diputación de Castellón recibió aproximadamente la mitad de esos fondos a través de cheques, muchos de ellos al portador. Otra parte sustancial, hasta 1.800.000 euros, mediante ingresos en metálico, y el resto en transferencias bancarias. El volumen total multiplica varias veces sus ingresos como cargo público.
El cada vez más oscuro horizonte judicial de Fabra se suma al del antiguo presidente balear Jaume Matas y a los avances en la investigación de la trama Gürtel, sin que la dirección del PP haya hecho hasta ahora otra cosa que distribuir diferentes dosis públicas de afecto entre los encausados, según el grado de apoyo con el que cuentan. Lo que no ha hecho, en ningún caso, es asumir responsabilidades políticas ni exigir a los dirigentes implicados que las asuman. Por si cupiera alguna duda, el hecho de que haya sido Matas quien solicitó la suspensión temporal de su militancia, además de la condescendencia de la dirección popular frente a Fabra, demuestra que la aprobación de un código ético, hace apenas unos meses, no pasó de ser una operación propagandística.
Confiado en las encuestas, el PP sigue sin asumir que la falta de respuesta política a la corrupción en sus filas no sólo envilece la alternativa que representa, sino que también debilita a la totalidad del sistema democrático. Creer que estos casos no pasan factura electoral es obstinarse en ver un rayo de sol en mitad de un cielo plagado de oscuros presagios: de nada sirve a un partido mantener sus votos de hoy, si para ello no duda en minar la confianza de los ciudadanos en la totalidad de la clase política.
