El sumario aporta nuevos indicios de financiación ilegal del PP en Valencia y Madrid
El levantamiento del secreto de sumario ha dejado al descubierto el papel central de Luis Bárcenas en la trama. Según la investigación, no hay dudas de que L.B es Bárcenas y de que cobró 1.300.000 euros de la caja de dinero negro de Correa. Bárcenas multiplicó por cuatro su patrimonio en cinco años. El sumario es contundente y demoledor con el ex tesorero popular. Pese a ello, Rajoy, permitirá que siga siendo el senador del PP para ser aforado en el Supremo. La investigación confirma indicios de financiación ilegal en el PP de Madrid y de Valencia. 'El Bigotes' hizo regalos millonarios a todo el gobierno de Camps y a la familia de muchos de los dirigentes del PP valenciano
Dentro de los archivos encontrados en el 'pen drive' de la trama corrupta localizado en la calle General Martínez Campos de la capital, la carpeta "PP Madrid", contiene el detalle de las facturas emitidas por actos del Partido Popular madrileño para las elecciones autonómicas de 2003 y las generales y europeas de 2004.
Unas facturas que fueron pagadas a través de una fundación, Fundescam, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid que tiene su sede en la calle Génova y que actualmente preside la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. La ley no permite que las Fundaciones sufraguen actos electorales.
El informe de la UDEF, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, está fechado el 31 de julio de 2009 e incorporado al sumario y detalla las vinculaciones de la organización de Francisco Correa con varias administraciones del Partido Popular.
El sumario también revela indicios de financiación ilegal del Partido Popular valenciano. Un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía asegura que Orange Market facturaba en B los actos del PP en la Comunidad Valenciana.
Según el informe "no existe transparencia en las actividades de Orange Market en relación al PP de la Comunidad Valenciana". Y añade que "existe una financiación de actos del Partido Popular por parte de empresarios". Éstos, a sus vez, tienen contratos vigentes con las administraciones públicas que dependen de la comunidad.
El informe policial también identifica las empresas que participaron en la financiación de los actos del PP. Son FACSA, PIAF, Lubasa, Sedesa y Enrique Ortiz e Hijos, todas ellas adjudicatarias habituales en las concesiones otorgadas por el Gobierno de Francisco Camps.
Estas empresas pagaban a Orange Market por la realización de actos que inicialmente eran facturados al PP como queda acreditado por varias facturas incluidas en el sumario en las que se cambia el cliente: inicialmente era el PP de la Comunidad Valencia y pasar a ser alguna de las empresas anteriores.
