El Tribunal Superior valenciano comienza sus deliberaciones sobre la querella del PSOE contra Camps y otros 16 denunciados
La piedra que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) empujó laboriosamente en verano para librar del banquillo a Francisco Camps por el caso Gürtel ha vuelto a caer monte abajo. Juan Luis de la Rúa, jefe interino del tribunal en espera de relevo y el juez a quien el presidente de la Generalitat definió como "más que amigo", ha topado de nuevo con el caso.
De la Rúa tendrá que sentarse esta semana con otros cuatro magistrados para decidir si admite o no la querella planteada por el PSOE contra Camps y otros 16 posibles implicados en la presunta financiación irregular del PP. Entre ellos figuran cuatro diputados: Ricardo Costa, ex número dos del PP valenciano; Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat; David Serra, vicesecretario de Organización regional del partido; y la tesorera, Yolanda García.
Fuentes del tribunal valenciano confirmaron el viernes que las deliberaciones comenzarán el martes o el jueves, los días en que la sala celebra sus reuniones semanales.
Los socialistas confían en una decisión rápida, pero nadie puede asegurar con certeza cuánto tardarán los magistrados valencianos en determinar, primero, si son competentes para investigar los hechos denunciados y, después, si esos hechos presentan visos de delito. Si el tribunal lo cree oportuno, adoptará ambas decisiones en la misma sesión
A diferencia de lo ocurrido con el caso de los trajes, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV no se enfrenta ahora a la tarea de dilucidar si, al aceptar regalos de la trama corrupta, el presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano cometió un delito de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno. Encara algo mucho más grave: la querella del PSOE clava sus cimientos en el demoledor informe donde la Brigada de Blanqueo de la Policía destapó numerosos indicios de que el PP valenciano se había financiado ilegalmente gracias a una relación simbiótica con la trama corrupta y su principal marca valenciana, Orange Market, organizadora de los actos del PP y que recibió más de siete millones de euros en contratos de la Comunidad, entre ellos los relativos a la organización de los stands para ferias de turismo. Al frente de Orange Market, el hombre de confianza de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes.
La Policía describe cómo funcionaba el reparto de papeles en el PP. Se confeccionaban, dice el informe, "facturas ad hoc con conceptos acordados al efecto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono, y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de una factura por conceptos ficticios".
Tanto de Costa como de Serra y García, el informe aporta numerosos indicios que adquieren casi el rango de pruebas. En lo que concierne a Camps y Rambla, parece menos clara su participación directa: el informe no incluye ninguna conversación en la que participe alguno de los dos, aunque sí referencias indirectas a que conocían lo que estaba sucediendo. Incluso hay alusiones directas de Álvaro Pérez a la posibilidad de enviarle mensajes a Camps a través de su mujer, Isabel Bas, dependiendo de "la cara que pusiera Vicente [Rambla]" en una de las reuniones que El Bigotes decía mantener con él para pedirle contratos y dinero.
El Bigotes pactaba con la tesorera del partido qué concepto había que anotar en una factura, discutía amigablemente con Costa, Ric, sobre cómo desbloquear la deuda del PP con Orange Market y pedía con absoluta normalidad a Rambla que favoreciera a la empresa con contratos.
Pérez también escuchaba a David Serra contarle cómo el "presi", Camps, estaba al tanto "de todo". El 2 de febrero de este año, cuatro días antes de que Baltasar Garzón cortara los primeros hilos de la red corrupta, El Bigotes adoptaba precauciones telefónicas.
No las suficientes como para evitar que la Policía descifrara la conversación que a las cinco de la tarde de ese día mantuvo con Pablo Crespo, secretario de Organización del PP gallego entre 1995 y 1999 y número dos de la Gürtel. "Álvaro comenta se lee en la transcripción policial que le ha dicho Ricardo que le iba a pagar todo lo que se ha hecho en Alicante, que en Barcelona no le podía pagar nada". Alicante, dinero A, declarable a Hacienda; Barcelona, dinero B, negro.
El código empleado por la trama sale a flote en el informe, que dibuja un escenario de colaboración amplísima de la trama con el PP valenciano. Un ejemplo: en la contabilidad B hay una anotación que dice "PP B (incluidos alcaldes)".
En la financiación del PP valenciano también tuvieron un papel destacado las contribuciones, camufladas mediante facturas falsas, de empresarios que luego y siempre según los investigadores se vieron recompensados con millonarias adjudicaciones. El informe consigna un dato que ya mencionaba Garzón en uno de sus autos: que la factoría Correa entregó al PP valenciano 420.000 euros en 2002.
La contribución empresarial
"Existe dice el informe una financiación de actos del PP por parte de empresarios [que] tienen contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las administraciones obtenidos como contraprestación a los favores realizados para la formación política".
Los agentes de la Brigada de Blanqueo cifran en 837,7 millones de euros la cuantía total de las adjudicaciones obtenidas en la Comunidad Valenciana por los cinco empresarios que hicieron "aportaciones" al PP: Enrique Ortiz, Enrique Gimeno, Vicente Cotino, Antonio Pons y Luis Batalla.
Las empresas del grupo Sedesa, propiedad de familiares del consejero de Urbanismo de la Generalitat, Juan Cotino, lograron 539 millones en contratos y, según la Policía, pagaron supuestas facturas "encubiertas" por 130.000 euros. Las de Enrique Ortiz, un relevante promotor inmobiliario que prosperó de la mano del ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, obtuvieron adjudicaciones por 205,2 millones y, como mínimo, abonaron facturas por 115.884 euros.
El informe policial, el mismo que señala como implicados a los integrantes del núcleo duro del PP valenciano, llegó a manos de De la Rúa el 31 de julio, tres días antes de que su tribunal diera carpetazo a la acusación de cohecho impropio y exculpara tanto a Camps como a sus tres correligionarios entonces imputados: Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.
El tribunal valenciano, el único con potestad para investigar y juzgar a los aforados (los diputados autonómicos), desdeñó las revelaciones policiales. Lo hizo con el doble argumento de que nadie había pedido a la Policía que elaborase ningún informe y de que, en todo caso, ya obraba una copia en poder del Tribunal Superior de Madrid, que investiga el grueso del caso.
Perder los nervios
La situación de Camps ha empeorado ostensiblemente desde julio. El dossier policial ha resquebrajado su imagen de impecable presidente a quien un juez dudaría en arruinarle la carrera por un par de chaquetas. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que ni es el único ni el último, traza un retrato poliédrico de la relación amistoso-empresarial que mantenían la cúpula del PP valenciano y los dos principales lugartenientes de Correa en Valencia, El Bigotes y Crespo.
Hace diez días, el mismo hombre que a las preguntas relativas al caso Gürtel solía responder con una parrafada sobre su felicidad como militante del PP perdió los nervios en un debate parlamentario. "A usted le encantaría coger una camioneta, venirse a mi casa de madrugada y que a la mañana siguiente yo apareciese boca abajo en una cuneta", espetó Camps al portavoz socialista, Ángel Luna. La deliberada evocación de los terroríficos paseos de la Guerra Civil ni siquiera fue subliminal.
Para cuando Camps se remontó a 1936, del informe policial ya se conocían algunos extractos clave. Charlas comprometedoras, e-mails que muestran que la red endosó a boyantes empresarios locales facturas que en realidad se correspondían con actos del PP y un detallado análisis de la contabilidad secreta de la red de Correa: todo eso consta en sus 99 páginas y en sus cinco anexos, cuyo contenido y alcance intenta desacreditar ahora el PP con su ataque al sistema de vigilancia Sitel, comprado por Mariano Rajoy en 2001, cuando era ministro del Interior.
Como ponente es decir, como responsable de proponer qué se hace con la querella y de dirigir la eventual instrucción que la admisión de la querella entrañaría, el tribunal ha designado a José Francisco Ceres. Magistrado de talante conservador, Ceres fue uno de los jueces que avaló el cerrojazo al caso de los trajes. Alineado con De la Rúa, Ceres también validó la resolución de la sala por la que acordaba no ya prescindir del informe policial sino excluirlo de la documentación obrante en el sumario de los trajes, sobre cuya reapertura deberá pronunciarse el Supremo a instancias de la Fiscalía y el PSOE.
Si el tribunal evita nuevas fintas y admite la querella de los socialistas, será Ceres quien interrogue a Ricardo Costa. Defenestrado a trancas y barrancas por orden de Rajoy, es Costa el que peor parado sale en el informe de la Brigada de Blanqueo. De hecho, su caída en desgracia y su posterior suspensión como militante del PP fueron causa directa del contenido del dossier policial.
Tomadas por separado, las charlas telefónicas intervenidas por la Policía a El Bigotes, a quien Camps llamaba "amiguito del alma", resultan bastante esclarecedoras de hasta qué punto la trama había establecido una alianza estratégica con el PP valenciano.
Cruzadas con los datos de la contabilidad secreta de la red y con el intercambio de mails entre empleados de Orange Market y de la asesoría del imputado Ramón Blanco Balín, considerado el blanqueador de la trama, las conversaciones pierden ambigüedad y ganan relevancia. Y ya no se habla de trajes, sino de dinero.
