Clima de nervios en Valencia
Vuelve la agitación a la política valenciana. Este martes y el miércoles se celebra en las Cortes valencianas el debate sobre política general y, aunque no puede enfrentársele el líder de la oposición socialista, Jorge Alarte -que no es parlamentario-, el president Camps no las tiene todas consigo: las últimas revelaciones periodísticas, la campaña de acoso que dicen padecer y hasta ese extraño apoyo de Rajoy, que dijo este lunes en su entrevista con Punto Radio que Camps debe “hacer un esfuerzo por explicarse mejor” han aumentado el clima de nervios del PP en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo discurrirá el debate? ¿Se deshará Camps de algún colaborador especialmente sometido a los ataques, como Ricardo Costa?
Crecen las voces en el PP que piden a Rajoy 'cortar cabezas' en la Comunidad Valenciana
"Preocupación, claro que sí; pero nuestra estrategia va a seguir siendo la misma mientras no haya una sentencia condenatoria o una evidencia incontestable de corrupción". La frase, pronunciada anoche por un miembro de la Ejecutiva del PP, resume el sentir más extendido en la cúpula de Génova frente a las últimas revelaciones sobre la presunta financiación ilegal del partido en la Comunidad Valenciana. Pero, de forma aún soterrada, son muchas las voces, en Madrid y Valencia, que reclaman a Mariano Rajoy y a Francisco Camps cortar cabezas por la evidente connivencia entre dirigentes del partido en aquella comunidad y Álvaro Pérez, El Bigotes.
Ni una sola vez se refirió ayer Rajoy a El Bigotes, Orange Market o la supuesta financiación irregular del partido durante la multitudinaria romería política celebrada en la localidad sevillana de Dos Hermanas, un mítin-fiesta en el que el presidente del PP, jaleado por miles de afiliados y simpatizantes, exhibió músculo y calificó a José Luis Rodríguez Zapatero y su Gobierno de "pandilla de inútiles" por su gestión de la crisis económica. Del resto de oradores -el responsable de Economía del partido, Cristóbal Montoro; el líder del PP andaluz, Javier Arenas, y la número dos de Rajoy, María Dolores de Cospedal-, sólo la secretaria general del PP se refirió, de pasada, a las consecuencias del caso Gürtel. Y lo hizo para insistir en la inamovible estrategia oficial: que el PP es víctima de una "persecución", de la que responsabilizó al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
"No le hemos dedicado ni un minuto a lo de Valencia, porque estamos convencidos de que lo que más preocupa a la gente es el paro y la subida de impuestos, y por ahí vamos a seguir atacando al Gobierno", señalaba ayer a El Confidencial otro dirigente del PP próximo a Rajoy. "Primero habrá que demostrar judicialmente que ha habido corrupción o financiación ilegal, porque nadie de mi partido ha escuchado todavía las cintas de las conversaciones con El Bigotes; sólo hemos leído las transcripciones", añadía otro miembro de la dirección. Pero, de puertas adentro, no todos los dirigentes y miembros del partido comparten esa estrategia.
De hecho, las relaciones entre la dirección nacional y los dirigentes del partido en la Comunidad Valenciana son menos dulces de lo que aparentan. Pese a que públicamente Génova manifiesta un respaldo aparentemente sin fisuras al equipo de Camps, lo cierto es que también en la Ejecutiva de Rajoy hay discrepancias con la estrategia política y de comunicación seguida por los populares valencianos desde el estallido del caso Gürtel. Y no sólo por los últimos indicios que apuntan a una supuesta financiación ilícita, sino también por la torpe gestión del episodio referido a los trajes de Camps.
Responsabilidades políticas
Fuentes de Génova señalaron a este diario que el PP valenciano debería asumir alguna responsabilidad política por la más que evidente connivencia que el partido en aquella comunidad ha tenido con El Bigotes, responsable de Orange Market y mano derecha de Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama. "De alguna manera tendría que trasladarse a la opinión pública el mensaje de que se ha aprendido la lección, y eso se hace asumiendo alguna clase de responsabilidad", lo cual no significa que Génova admita -al menos por ahora- que la relación del PP valenciano con Orange Market haya sido delictiva. "No son iguales las circunstancias de Valencia que las de Madrid", añaden esas fuentes, "pero las dimisiones que hubo en la Comunidad de Madrid han restado mucha presión mediática al partido, y de eso habría que aprender".
Cuando se piensa en posibles dimisiones, todas las miradas se dirigen hacia el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. El número dos del partido y hombre de confianza de Camps es visto no sólo como el más directo responsable de las finanzas populares -y por tanto de las presuntas irregularidades en las cuentas-, sino también como el dirigente que servía de enlace con El Bigotes y sus oscuros tejemanejes. "Su situación es insostenible. No estamos hablando de responsabilidades penales, sino políticas. Costa debería haber cortado amarras hace mucho tiempo con El Bigotes", apunta un dirigente valenciano del PP. "Camps tiene que reaccionar cuanto antes y dar un golpe de autoridad; no podemos dar continuamente la sensación de ser un partido acorralado", añade.
Más allá de entrar a juzgar la veracidad del informe elaborado por la Brigada Policial de Blanqueo, otras fuentes fieles a Rajoy recordaron que las informaciones del caso Gürtel ya han impedido en otras ocasiones que el líder del PP marque su agenda política, dificultando la difusión del mensaje del PP en asuntos importantes como la crisis económica y, ahora, la subida de impuestos. Por ello, expresaron que el modelo de Galicia y el País Vasco que Rajoy trata de llevar a otras provincias y comunidades, con líderes renovadores, jóvenes y de carácter moderado, debería aplicarse también a las listas del PP en Valencia.
No obstante, esas fuentes reconocen que la renovación experimentada por el PP en Baleares, Castilla La-Mancha, Galicia o el País Vasco se ha llevado a cabo en la oposición, una circunstancia que no se da en la Comunidad Valenciana, donde Camps gobierna con mayoría absoluta, y donde los populares ganaron ampliamente a los socialistas en los pasados comicios europeos, pese a que la trama de corrupción dirigida por Correa ya estaba al descubierto.
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La trama Gürtel cobró al PP en negro por las principales campañas locales de 2007
La huella de Orange Market en el PP valenciano es omnipresente. La mano de Álvaro Pérez, corresponsal de Francisco Correa como recaudador en la Comunitat Valenciana, no sólo movía hilos en los despachos de casi todas las conselleries y de la sede regional del PP. La franquicia valenciana de la trama corrupta actuó desde Vinaròs a Pilar de la Horadada en numerosas campañas municipales de 2007. Y cobró muchos de los actos en dinero «B». Lo revela el informe de la Unidad contra la delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía en el que se destapa un entramado de financiación ilegal de los populares, a través de empresas de la red Gürtel, así como pagos del partido a Orange Market en dinero negro.
En el citado documento, rechazado por el TSJ valenciano a petición del presidente Camps, Costa y Campos, aparecen numerosos apuntes contables como deuda de «Barcelona» (en referencia al dinero «B») por actos de precampaña y campaña de las municipales de 2007 en una veintena de ciudades. «En la mayoría de los actos no se localiza factura alguna justificativa, salvo cuando aparece la cantidad cobrada», señala la Brigada de Blanqueo como conclusión, tras escrutar tanto el libro de facturas de Orange Market como la contabilidad incautada a la trama. Junto a las cantidades fijadas como coste de los actos que se cobrarían en negro, en la documentación interna de la trama figuran en la mayoría de los casos los nombres de los alcaldes y dirigentes locales con un teléfono móvil personal.
En su escrito de conclusiones, la policía señala que podría ser la «persona de contacto para tratar sobre la financiación para realizar el acto». Alcaldes como Lorenzo Agustí (Paterna), Adela Pedrosa (Elda), Manuel Corredera (Mislata), César Augusto Asencio (Crevillent) o José Ciscar (Teulada), entre otros, se encuentran en esa delicada condición de contactos según el informe. Todos ellos campsistas de pro y en varios casos dirigentes regionales y provinciales. También aparecen portavoces populares en importantes ayuntamientos como el de Elx (Mercedes Alonso), Quart (Amparo Mora) o Alcoi (Miguel Peralta). En este último caso, por un acto de las generales de 2008.
Solamente en tres de los municipios investigados aparecen facturas pagadas con su correspondiente IVA a cuenta de esos actos. Y aún así, resultan cargos bastante heterodoxos. En Vila-real, por ejemplo, se abonó una factura de 16.000 euros, pero se quedaron sin pagar 2.640 euros, que se apuntan como pendientes en caja «Barcelona», siempre según el informe al que ha tenido acceso este diario. La persona encargada, según la policía judicial, de tratar sobre la financiación era Francisco Martínez, alcalde y vicepresidente de la Diputación de Castelló. Más estrambótico resulta el caso de Gandia. Orange Market emitió sendas facturas (las números 73 y 74 de 2007) por un montante 1.740 euros (1.500 más IVA) a nombre del candidato a alcalde Arturo Torró por una cena celebrada el 12 de febrero y un acto del 18 de mayo.
En total, la ventanilla valenciana de Gürtel ingresó 3.480 euros. El coste total de los dos actos ascendía a 18.998 euros. Por eso en el llamado «Cuadro alcaldes» de toda la actividad en negro desarrollada por la firma de Álvaro Pérez por la geografía valenciana figura pendiente de pago 14.183 euros. La policía llega a una conclusión incómoda para Torró: «Se desconoce la justificación contable de la diferencia y el posible origen del dinero» que sirvió para satisfacer el pago.
La ex secretaria general del PP Adela Pedrosa consta, como alcaldesa de Elda, en la documentación incautada. Como «hoja Pedrosa» se consignan cuatro actos de Orange Market en su municipio entre el 23 de enero y el 10 de mayo de 2007. El importe total asciende a 13.997 euros. Como en los otros casos, no hay factura, según el informe.
