El sobreseimiento libre de Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Costa y Rafael Bertoret el pasado 3 de agosto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) fue un acto precipitado. Los jueces que dieron carpetazo al asunto ni siquiera tomaron la precaución de dictar uno provisional. Pero sobre ese auto pesan recursos ante el Supremo; entre ellos, el anunciado por la Fiscalía Anticorrupción.
Y al ser una precipitación, ello también ha metido a Rajoy en una trampa al cantar victoria antes de tiempo. Pero persistir, como hace, negando la nueva realidad del informe policial sitúa al líder del PP directamente en el encubrimiento. Se podrá argüir que de perdidos al río. Pero no es la única alternativa que tiene. Quizá, también, podía aprovechar la situación abierta con el informe policial para hacer algunas cosas (depuración) que Aznar hizo en el partido a raíz de Naseiro. Fue así como cimentó su férreo control sobre la organización.
Aunque las grabaciones que acompañan al documento policial mencionan a Camps y a su esposa, lo cierto es que el protagonista del material probatorio, documental y telefónico no es el presidente valenciano. En su auto, los jueces del TSJCV exculpaban a Costa de presuntos tratos de favor de la Generalitat valenciana a Orange Market en base al hecho de que no tenía cargo alguno en el gobierno autonómico y situaban la relación en el ámbito privado.
El informe coloca a Costa y a otros dirigentes del partido valenciano en el centro de la tormenta. Es bastante inverosímil que Costa pudiera montar por su cuenta, a espaldas de Camps, la estructura que describe la investigación. Con todo, Rajoy podría explorar diferentes escenarios de separación de Camps respecto de sus colaboradores. El problema es que todo el mundo sabe que Camps es el PP de la Comunidad Valenciana y el primero en saberlo es Rajoy. Por tanto, la estrategia es clara: redoblar el ataque a las instituciones judiciales y policiales como instrumento al servicio del Gobierno. La posición de Camps en términos electorales sigue siendo muy cómoda, a juzgar por los sondeos, ya que el PSOE valenciano no levanta cabeza. Pero la de Rajoy es cada vez más incómoda. Porque, por primera vez desde el estallido del caso Gürtel en febrero pasado, se han puesto sobre la mesa prácticas de falsedades contables para camuflar la presunta financiación ilegal de los conservadores valencianos.
Desde el principio, la Fiscalía Anticorrupción sostuvo que la investigación sería, por el material voluminoso, un proceso lento y escabroso, y resistió, sin éxito, los esfuerzos para extraer conclusiones prematuras. El informe supone un salto cualitativo, razón por la cual se ha desencadenado una tormenta de ataques cuyo objetivo es desacreditarlo ipso facto. Tanto los recursos contra el carpetazo como el informe plantean una nueva fase que será más difícil embrollar como lo ha sido hasta el presente.
