PD).- Entre los 34 imputados por 'operación Gürtel' destaca el nombre por encima del resto: José Luis Ulibarri. Un ambicioso empresario burgalés que no contento con controlar la construcción y los medios en Castilla y León, decidió formar su propio 'imperio' mediático.
Cuando llegó a Ponferrada, Ulibarri tenía muy claro que quería llegar lejos. Entró 1981 en la constructora Begar SA como vicepresidente y consejero delegado y ya en 1995 alcanzaba la presidencia de la piedra angular de su proyecto
Ulibarri desembarcó en 2006 para revolucionar el mapa televisivo valenciano. Convenció a varias televisiones que emitían sin licencia la cesión del 51% de su negocio a cambio de crear Mediamed Comunicación Digital y poder hacer frente común en la lucha por las licencias TDT de la Comunidad valenciana.
Y no le fue mal. Quiso la providencia que firmas ligadas a Mediamed se hicieran con licencias en trece de las catorce demarcaciones locales que el Consell había dividido el espectro televisivo valenciano.
Esta disposición se tradujo en la buena sintonía mostrada durante la presentación de Tele 7, el proyecto de Mediamed; Ulibarri estuvo bien arropado por Camps, González Pons y Vicente Rambla, entre otros.
Los movimientos de Ulibarri en la Comunitat no se quedan ahí. El constructor también se impuso en la adjudicación del contrato de construcción del alcantarillado y de un hospital.
La entidad Xilxes Golf Resort S.L., adjudicataria del PAI de Golf de Xilxes, ha asegurado que José Luis Ulibarri entró a formar parte de accionariado de la entidad en 2006, aunque han aclarado que no participó en la misma en el momento de la adjudicación y de la aprobación del PAI, que se produjo en junio de 2005.
Ulibarri es uno de los 37 imputados por el juez Baltasar Garzón en la "operación Gürtel", una investigación judicial que ha puesto al descubierto una trama de corrupción y tráfico de influencias
El presidente de la Federación Valenciana de Televisión dice que el proceso estuvo plagado de irregularidades
No sólo el imputado Álvaro Pérez Alonso, presidente de Orange Market, se jactaba de sus buenas relaciones con los dirigentes del PP valenciano y con el Ejecutivo de Francisco Camps. También el empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en la misma causa que investiga el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, y que controla 13 emisoras de TDT en la Comunitat Valenciana, se vanagloriaba de tener influyentes contactos en la Administración valenciana.
Casi cuatro años después, el presidente de la Federación Valenciana de Televisión, Alejandro Rodríguez, recuerda muy bien a Ulibarri. "Él ya sabía que le iban a adjudicar las 13 licencias de TDT porque me lo dijo a mí. ¿Cómo lo sabía él de una forma tan fehaciente?", se pregunta Rodríguez, que preside la federación que aglutina a las tres asociaciones provinciales y a un centenar de empresarios.
Según Rodriguez, Florencio Carreras, mano derecha de Ulibarri, intentó aproximarse a los empresarios valencianos afirmando que tenían la adjudicación prácticamente concedida, e intentó "comprarles por un precio irrisorio" sus emisoras. Rodríguez explica las irregularidades que a su juicio se han cometido, "llevadas a cabo directamente por Esteban González Pons", entonces conseller de Presidencia.
El Programa de Actuación Urbanística (PAI) El Bovalar de Rocafort, que construye una de las sociedades del empresario José Luis Ulibarri, investigado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, está en marcha pese a que la empresa urbanizadora, Urbanite, SL, no depositó en su día el aval al que obliga la legislación. La falta de este trámite impidió que el Registro de la Propiedad lo inscribiese en su día, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. "En el proyecto no se acreditan los avales que debe prestar Urbanite, SL, al Ayuntamiento de Rocafort, garantizando la urbanización", dice la certificación del registro.
El plan residencial El Bovalar ha tenido, como tantos otros proyectos, una tramitación controvertida. El proyecto afectaba, de acuerdo con el planteamiento original, a unos 150.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable y preveía la construcción de 550 viviendas en un municipio de 6.000 habitantes. Urbanite, SL presentó el PAI al consistorio presidido por el PP en mayo de 2003, poco antes de los comicios locales. El coste se estimó en un principio en 7,7 millones de euros, que tras unas modificaciones se elevó a 9,1 millones. El agente urbanizador, Urbanite, SL, está participado por varias empresas vinculadas a la familia Serratosa Caturla. Entre los accionistas están Inmobiliaria Electra, la concesionaria Divesa, Bancolor o Serca Inversiones.
La corporación municipal surgida de las urnas, con el popular Sebastián Bosch al frente, lo aprobó provisionalmente dos meses más tarde y lo adjudicó a la sociedad de los Serratosa. Casi tres años después, el 6 de marzo de 2006, fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat, con Rafael Blasco todavía de consejero. El 28 de abril de ese año la corporación municipal de Rocafort, que gobierna el PP con mayoría absoluta, lo ratifica
