El Ayuntamiento de Chiva pagó facturas por importe de más de 112.683 euros al despacho de abogados Iuris Studium Generale, a pesar de que la intervención municipal del Consistorio puso hasta 17 reparos de legalidad a la firma de las facturas. Así se deduce de los documentos a los que ha tenido acceso este diario y que ha reconocido el propio alcalde de la localidad y diputado provincial, José Manuel Haro. Durante los meses de enero y febrero de este año ha pasado por el área de contabilidad un gran número de facturas de varios miles de euros. Alguna de ellas ha superado los 17.000 euros.
Los pagos se han autorizado pese a que la interventora ha puesto diversos reparos a las facturas al considerar que en ningún caso se ajustaban a la legalidad. Hasta 17 reparos firmados figuran a la actividad contratada entre el Ayuntamiento y el despacho de abogados.
A pesar de la advertencia de la persona que fiscaliza las cuentas, el Ayuntamiento ya ha pagado por los servicios de este bufete de abogados hasta 24 veces en lo que va de año. Sólo en esas facturas lleva ya gastados más de 1120.000 euros. Eso a pesar de que en la información requerida por la concejala María Amparo Lapuente en julio de este año, el Ayuntamiento dio fe de que existía un contrato de servicio de asesoramiento jurídico con la mencionada empresa por una duración desde el 6 de octubre de 2009 al 1 de octubre de 2013 por importe de 68.440 euros. De hecho, sólo en los cuatro primeros meses de 2012 ya se había doblado el presupuesto del que se habla en la carta de respuesta del Ayuntamiento.
El alcalde de Chiva, José Manuel Haro, aseguró a este diario que las facturas a las que se alude en esta información «han sido reparadas por la Interveción municipal» y reconoció que «no tenían contrato». Aunque al ser preguntado por el hecho de que sin tener contrato se hubieran abonado, señaló que el Consitorio ya se ha puesto en contrato con la empresa de abogados para que «se formalicen las facturas».
La empresa Iuris Studium Generale tiene ubicada su sede en la calle Quart, 21 de Valencia. En un inmueble propiedad de un familiar directo del alcalde de Chiva. Un palacete restaurado en pleno centro de la ciudad donde también se ubica el despacho de abogados Sánchez de Moutas y Guzmán, donde uno de sus letrados, Ignacio de Guzmán Muñoz, facturas por importe de más de 324.000 euros entre 2007 y 2011. Ambos despachos, que cobran del Ayuntamiento de Chiva, pagan un alquiler por tener sus despacho en el inmueble del familiar del alcalde de la localidad.
Fuente: Las Provincias
