El presidente valenciano centra su política en la querella de Gürtel y los socialistas recuperan protagonismo con el conflicto del Cabanyal
La negativa de los populares a incluir representantes socialistas, e incluso de las centrales sindicales, en los órganos de gobierno de Bancaja obedece a una consigna lanzada por el presidente de la Generalitat Valenciana y regional del PP, Francisco Camps, de no ceder a las pretensiones del prinicipal partido de la oposición ni tan solo negociar con él a menos que retire la querella que presentó contra el propio Camps y otras 16 personas por supuesta financiación ilegal a propósito del caso Gürtel. Este encastillamiento obsesivo de Camps sobre el caso Gürtel es visto con preocupación en la dirección nacional del PP, que se plantea la sustitución del presidente valenciano de cara al próximo mandato. O antes si nuevas revelaciones sobre el caso Gürtel lo aconsejaran.
Además, la resolución del Ministerio de Cultura de paralizar los derribos en el barrio costero valenciano del Cabanyal ha generado una airada reacción de Ayuntamiento de Valencia y Generalitat para continuar a toda costa la destrucción de edificios que permita prolongar hasta el mar la avenida de Blasco Ibáñez. El Gobierno autónomo aprobó un decreto, revalidado por la mayoría absoluta del PP en las Corts Valencianes, para hacer compatible la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del barrio con los derribos que se pretenden. Esta decisión, que el Gobierno cree irregular, no ha hecho sino alimentar la polvareda que este asunto está levantando en Valencia. El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, dijo este viernes que cree que el Consell de la Generalitat ha invadido las competencias del Gobierno y que este actuará en consecuencia.
Posibilidad de victoria
Después de la decisión de Cultura, la oposición y los colectivos vecinales que se oponen a la decisión del barrio han vuelto a ver posibilidad de victoria en una lucha que dura 20 años y que creían perdida después de las reiteradas sentencias que habían dado la razón al Ayuntamiento. El Gobierno se basa en una competencia exclusiva, que es la de considerar si hay expolio o no de bienes culturales; y en este caso ha decidido que sí lo hay en el proceder del Ayuntamiento. La reacción del PP, tan poco flexible como la exclusión de los socialistas de los órganos de gobierno de Bancaja, alimenta el protagonismo social que estos y los otros partidos valencianos de izquierda (Esquerra Unida, Iniciativa y Bloc Nacionalista) están recuperando tras años de alejamiento de los movimientos sociales.
Llevarán el caso a la UE
La Plataforma Salvem el Cabanyal celebró el miércoles por la noche una animada asamblea a la que asistieron representantes de los partidos de izquierda, entre ellos la diputada Mònica Oltra, de Iniciativa; Enric Morera, secretario general del Bloc Nacionalista, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia y ex ministra de Cultura, Carmen Alborch. Todos ellos intervinieron en la asamblea, que acordó solicitar al Ministerio de Cultura que lleve el asunto a la Unión Europea.
El ex presidente rompe el pacto
En cualquier caso, la exclusión de los socialistas de los órganos de dirección ha causado estupefacción, ya que Camps ha presionado directamente al presidente de la entidad financiera, José Luis Olivas, para que rompiese el pacto que previamente había alcanzado con el secretario general de los socialistas, Jorge Alarte. Hay que tener en cuenta, no obstante, que Olivas fue concejal y conseller del PP y que presidió durante once meses la Generalitat Valenciana desde que Eduardo Zaplana dimitió en julio de 2002 para ser ministro de Trabajo de José María Aznar hasta que Camps ganó las elecciones de 2003 y tomó posesión del cargo en junio de ese año.
Las opciones electorales
Por lo que respecta a las Corts Valencianes, la política de ofrecer pactos de Rafael Blasco, nuevo portavoz popular tras el cese de Ricardo Costa, se ve limitada por la barrera inflexible de la retirada de la querella que Camps pone como conditio sine qua non para cualquier pacto o cesión. Así pues, en Génova 13, también en función de las nuevas revelaciones que el caso Gürtel pueda deparar, estudian seriamente la posibilidad de que Camps no sea candidato a las elecciones autonómicas de 2011. Eso si los acontecimientos no precipitan una convocatoria electoral anticipada o incluso la dimisión de Camps para ser sustituido en la presidencia hasta que concluya la legislatura. Pero esa, como diría Kypling, es ya otra historia.
