Al final se incluye un artículo de Josep Torrent publicado el EL PAIS
Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación del PP de la Comunidad Valenciana ha adjudicado con regularidad obras a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, con la que mantiene una estrecha vinculación personal. La dueña de esta firma es copropietaria con la esposa del consejero de unos terrenos rústicos en el término de Llíria (Valencia), un suelo que también paga el alto cargo del Gobierno de Francisco Camps mediante un crédito compartido y solidario con su esposa y la dueña de la citada empresa.
Construcciones Taroncher es propiedad de María Ángeles González García y de su hijo Daniel. El apoderado de la empresa es su marido, José Miguel Pérez Taroncher, de 57 años, un amigo personal del consejero Castellano, del que es compañero de cacerías y partidos de pelota.
La consejería de Gobernación ha encargado a la constructora, que apenas cuenta con cinco empleados, contratos menores de obras por unos 200.000 euros entre 2006 y 2007. Las obras han tenido lugar en la sede oficial de la consejería y en el Centro de Emergencias y Coordinación 112 de L'Eliana, dependiente de esa consejería. Algunas autorizaciones de obras llevan la firma del consejero Serafín Castellano, que fue consejero de Sanidad con Eduardo Zaplana y hoy está alineado con Camps.
(Publicado en EL PAÍS)
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ANÁLISIS: Los escándalos que afectan al PP
Tinta de calamar
JOSEP TORRENT 13/02/2009
El presidente de la Generalitat bordeó ayer la insumisión cuando anunció en las Cortes Valencianas que, pase lo que pase, nunca reconocerá la homologación académica entre el valenciano y el catalán, pese a las numerosas sentencias judiciales a favor de la misma. Francisco Camps, en el hemiciclo del Palacio de Benicarló, se hizo un gorro con el preámbulo de la ley de creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, arrojó al cesto de los papeles la sentencia del Tribunal Constitucional por la que se reconoce el derecho a llamar catalán al valenciano, subió el tono de voz para que lo crit del Palleter se oyera con claridad, fuese y no dijo nada. Una burda maniobra para que nadie hablara de lo que realmente interesaba: los casos Orange Market y Ulibarri, en los que alguna responsabilidad tienen el partido y el Gobierno que preside. Burda maniobra que, por cierto, suele resultarle eficaz porque cuenta con los inestimables costaleros de Canal 9 y de otros medios adictos al régimen.
Hace pocos días se conoció que una de las personas implicadas en los escándalos que afectan al PP había cometido la felonía de acusarle de ser un venal a cuenta de unos trapos. Su gestión será todo lo criticable que se quiera, pero Francisco Camps es incapaz de poner la uña del dedo meñique en el tarro de la miel. Hay en su trayectoria personal una transparencia que acredita su honradez. En cambio, la gestión política de su Gobierno es un fundido en negro en el que no hay modo ni manera de saber qué ocurre. Ángel Luna, portavoz socialista, le emplazó ayer a que facilitara la documentación de la empresa que se dedica a la promoción de la Comunidad Valenciana. No hubo respuesta. Y, si la hay, será un portazo en las narices de la oposición y de los medios que intentan hallar luz donde todo son tinieblas. El sarcasmo vino del vicepresidente Vicente Rambla cuando afirmó: "Pondremos toda la transparencia que haga falta" para, a continuación, sacar a relucir el reglamento, cuya letra pequeña oculta todas las trampas que hacen imposible la práctica de control democrático del Consell. Ya lo dijo el conde de Romanones, cuando era el poliministro de Alfonso XIII: "Dejad que ellos [los diputados] hagan las leyes, yo haré el reglamento". Rambla es de esa escuela.
Respuestas no hubo ayer en las Cortes, menos aún transparencia. Sí, en cambio, mucha tinta de calamar para ocultar el PP sabrá qué, y no pocas sospechas.
Y Garzón hablando de "dádivas y sobornos a autoridades públicas".
