jueves, 17 de enero de 2013

El Consell estudiará reordenar las urgencias

Con una deuda de unos 800 millones de euros, ve lógico que si hay puntos con poca asistencia se plantee "reordenarla, ofreciendo alternativas". O lo que es lo mismo, el cierre de centros. ¿A dónde vamos a llegar?...

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EFE, VALENCIA La Conselleria de Sanidad no se plantea en la actualidad una reducción del servicio de urgencias similar al de Castilla-La Mancha, aunque ha reconocido que si se detectara algún punto de atención continuada (PAC) con poca afluencia se estudiaría una reordenación.
Desde la Generalitat valenciana, con una deuda sanitaria de unos 800 millones de euros, ven "lógico" que si hay puntos de urgencias con poca asistencia se plantee "reordenarla, ofreciendo alternativas".
Tras las críticas generadas al anunciarse el cierre nocturno de 21 Puntos de Atención Continuada (PAC) en Castilla La-Mancha -que se suma a medidas similares adoptadas en otras comunidades como Cataluña, Extremadura, Castilla y León y Murcia- Efe ha consultado al resto de ejecutivos sobre sus intenciones.
La mayoría de las comunidades autónomas está dispuesta a mantener su actual red sanitaria y descarta el cierre de sus centros de urgencias rurales o la supresión de la atención nocturna en aquellas zonas con menos población que ya han aplicado algunos gobiernos regionales.
Han descartado con claridad la aplicación de medidas similares los gobiernos de Asturias, Aragón, País Vasco, Navarra, Baleares, Madrid, Cantabria, Canarias, La Rioja y Andalucía, que respetan las decisiones adoptadas en otras autonomías al respecto.
Galicia se ha limitado a afirmar que siguen trabajando con profesionales y pacientes para continuar prestando asistencia de calidad a todos lo ciudadanos, "garantizando que cada euro invertido en el sistema sanitario es una inversión en salud y no un gasto".
Hoy mismo, la Junta de Comunidades castellanomanchega ha recalcado que "no se ha producido ningún cierre de centros de urgencias a lo largo y ancho del territorio regional", y sí ha habido una "modificación de los horarios" en 21 de sus 182 PAC.
En una nota de prensa, ha alegado "criterios asistenciales" para dichos cambios y ha expuesto que la medida se ha aplicado siguiendo "exclusivamente" criterios técnicos, como la frecuencia, población, así como la situación geográfica y meteorológica de las zonas afectadas.
Cataluña fue la pionera en aplicar, hace dos años, recortes en el sistema sanitario público con cierres o modificaciones horarias y reestructuraciones que han afectado a un centenar de ambulatorios, de los que 56 han cerrado sus servicios de urgencias nocturnas.
El cierre de ambulatorios y urgencias, que obliga a muchos ciudadanos a desplazarse a localidades vecinas, ha provocado multitud de protestas y encierros de usuarios de la sanidad.
La deuda de la sanidad pública catalana con el sector privado asciende a unos 759 millones de euros, sin contar las deudas a las farmacias, y sus trabajadores sanitarios se reunirán mañana para acordar nuevas movilizaciones ante los previsibles nuevos recortes.
Extremadura también procedió en 2012 a la reestructuración de los PAC, cuyos nuevos horarios de funcionamiento entraron en vigor el pasado 1 de junio. Se modificaron los horarios de 21 de sus 24 PAC para evitar duplicidades y garantizar la calidad asistencial.
Esto ha provocado muchas críticas en la comunidad, donde se constituyeron Plataformas contra el Cierre de los PAC en los municipios afectados.
Seis meses después de la puesta en marcha de esta reordenación, que supone un ahorro anual de cinco millones de euros, el Servicio Extremeño de Salud evalúa el impacto de la medida y no descarta recuperar en algún caso los horarios anteriores.
Castilla y León opera -desde octubre en algunos casos y desde diciembre en otros- la supresión de urgencias nocturnas en dieciocho consultorios locales, con el fin, según la Consejería de Sanidad, de evitar duplicidades ya que ese servicio se presta en centros de salud de municipios cercanos.
La decisión ha sido muy contestada por los pueblos afectados, con protestas de los municipios, recogida de firmas y la creación de una plataforma regional en defensa de este servicio.
Por su parte, en Murcia se aplicó en 2012 el cierre nocturno de los consultorios de Campos del Río, Librilla, La Parroquia (Lorca), Portmán (La Unión) y Cañadas de la Cruz (Moratalla), pero no hay planes de cerrar nuevos servicios nocturnos en una comunidad donde, según la Consejería, no existe deuda acumulada.
Fuentes sindicales han asegurado que no supone un gran ahorro el cierre de este tipo de servicios, pero sí lo sería que la Consejería de Hacienda auditara en cada hospital el cumplimiento efectivo del horario y de la atención asistencial.
Entre quienes "no tienen en cartera" cerrar puntos de urgencia en localidades rurales está Andalucía, cuya consejera de Salud, María Jesús Montero, ha sostenido hoy que "hay que evitar caer en la tentación fácil de cerrar servicios" como medida de ahorro.
Sin embargo, el PP andaluz ha denunciado hoy que el cierre de PAC es algo que se está produciendo en Andalucía desde septiembre de 2012 en centros de las provincias de Granada, Córdoba, Jaén y Málaga, donde también se cierran centros los viernes por la tarde.
Aragón tampoco cerrará consultorios "por muy pequeño que sea" el pueblo por las características territoriales y de población de la región, y todos los pacientes tienen garantizada la atención de urgencia las 24 horas del día, han dicho a Efe fuentes de su Consejería de Sanidad.
El departamento vasco de Salud no tiene "ninguna intención" de reducir la asistencia sanitaria, tanto en los PAC como en los sistemas de guardias localizadas en las poblaciones menos pobladas, mientras que en Navarra, que no tiene deuda sanitaria, solo se cerrarán dos a partir de las 15.00 horas por su cercanía a Estella, que a cambio se reforzará con más personal.
Y Cantabria, que no tiene deuda por la atención en centros rurales, ha aumentado su actual presupuesto en 2013 y ha aplicado medidas de racionalización y gestión que le evitarán adoptar medidas similares a las de Castilla-La Mancha.
Por último, en Baleares, tampoco se lo plantea. El ajuste que ha hecho el Govern se aplica en el horario de los centros de salud, que desde julio solo ofrecen atención programada hasta las 17.30 horas de lunes a jueves (antes era hasta las 21.00) y hasta las 15.00 horas el viernes, y a partir de esa hora se activan los servicios urgentes de atención primaria y los PAC.

Fuente: El Levante 

Supresión del paso a nivel Vistalegre

Os vamos a mostrar unas imágenes sobre el estado de las obras tras la supresión del paso a nivel Vistalegre. En este caso, creemos que sobran las palabras salvo decir, que hasta que los vecinos no han recurrido a la oposición tras reunirse con ellos, los registros de entrada y quejas realizadas en el Ayuntamiento de Chiva, han resultado en vano. Los vecinos, están recogiendo firmas para buscar una solución y tenemos que añadir, que el alcalde, se ha reunido con ellos a posteriori reconociendo algunos de sus errores (raro en él). Trabajaremos para que de inmediato se logre llegar a un acuerdo con ellos y una solución que no empeore sus vidas ni les aparte del pueblo.

lunes, 26 de noviembre de 2012

El Partido Popular pasa por sus horas más bajas


El Partido Popular de Chiva, con su  alcalde y Diputado Provincial José Manuel Haro a la cabeza, pasa por sus horas más bajas tras las últimas apariciones en prensa este fin de semana, en  las que la fiscalía le pide 4 años de cárcel y 8 de inhabilitación para las funciones públicas. En el pleno de hoy, la oposición no ha permitido una vez más someterse a la censura y falta de transparencia de Haro .

Gonzalo Guillén, portavoz del PSOE  de Chiva, ha dejado clara la postura del grupo socialista realizando  su primera intervención en la aprobación de las actas, reclamándole transparencia al Partido Popular, puesto que Haro, en estos momentos se encuentra imputado en diversas causas y la oposición se encuentra con múltiples dificultades para acceder a la documentación y ejercer su labor de oposición . La  causa del concejal Fernando Casanova es tan sólo la punta del icerbeg puesto que tras ésta, continúan sus supuestos chanchullos  con las oposiciones de la Diputación así como por la querella criminal interpuesta por el grupo socialista de Chiva por 3 supuestos delitos: falsificación documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, que se encuentra en el juzgado número 4 de Requena.

Gonzalo Guillén le ha reprochado:“la documentación que aportáis está bajo sospecha tras todo lo que estamos leyendo en prensa, donde supuestamente nos gobiernan personas expertas en falsear documentos”. El alcalde interrumpía constantemente al portavoz socialista increpándole que su intervención estaba fuera de lugar. El portavoz socialista aprovechó para recriminarle nuevamente  el gasto desmesurado que está suponiendo   la defensa de estos juicios para las arcas municipales, con el conseguiente perjucio el pueblo, mientras las políticas sociales están paralizadas.

A su vez,  el Partido Popular ningunea todas las propuetas en este sentido presentadas por los socialistas de Chiva desde el inicio de la legislatura. Propuestas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, dada la situación de quiebra en la que se encuentra la Comunidad  valenciana. El gasto al que Chiva se ha visto sometido por las irresponsabilidades y juegos judiciales del  allcalde, supera el medio de millón de euros.

El PP expedientará al alcalde de Chiva tras pedir la Fiscalía pena de prisión


El comité de derechos y garantías del PP valenciano abrirá un expediente informativo contra el alcalde de Chiva y diputado provincial, José Manuel Haro, imputado por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. Como adelantó LAS PROVINCIAS, la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación de cargo público y cuatro años de prisión al acusarle de los dos delitos además de una multa de 9.000 euros por la destitución del concejal Fernando Casanova en septiembre de 2011. El Ministerio Público pide que se abra juicio contra Haro.
La dirección regional del PP, según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS, va a incoar la apertura de un expediente informativo contra el diputado provincial según mandatan los estatutos de la formación aprobados recientemente en el congreso regional de Alicante. El PPCV recuperó en el último cónclave el comité de derechos y garantías, que está presidido por Alfredo Castelló.
La aprobación de los estatutos del PP nacional en el congreso de Sevilla obliga a abrir expedientes informativos, que pasan a ser disciplinarios (paso previo a la expulsión) si hay apertura de juicio, a los cargos imputados.
Haro convocó un pleno para tratar la dimisión de Casanova, que se encontraba en Burgos. Comunicó a su concejal la convocatoria del pleno por e-mail y de inmediato le cortó la línea. El pleno vio un documento que era la dimisión de Casanova que el propio edil niega haber presentado, por lo que según la fiscal fue falsificado. La dirección provincial del PP, de momento, no tomará ninguna decisión respecto a la situación del alcalde de Chiva y diputado provincial.

Fuente: Las Provincias.


domingo, 25 de noviembre de 2012

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el alcalde de Chiva

La Fiscalía Provincial de Valencia, en una calificación judicial firmada el 16 de noviembre de 2012, solicita para el alcalde de Chiva y diputado provincial del PP, José Manuel Haro, una pena de cuatro años de prisión y una multa de 9.000 euros por un delito de falsificación de documento oficial y ocho años de inhabilitación especial para cargo público por prevaricación. Además, la Fiscalía, que pide la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial, propone para Haro el pago de las costas.
 
 
 
 
La acusación corresponde al caso de la destitución del concejal Fernando Casanova el 9 de septiembre de 2011. Sobre las 19.19 horas de ese día, Haro convocó un pleno «guiado por la intención de expulsar del cargo» a Casanova, que estaba de viaje en Aranda de Duero representando al Ayuntamiento.
Haro le llamó al móvil a su concejal para comunicarle la convocatoria del pleno y que se iba a tratar su dimisión. A las 19.29 horas, Casanova recibió en su móvil un correo anunciándole el pleno para las 19.15 (14 minutos antes). A las 19.32 horas, el edil contestó mostrando su posición en contra de la celebración del pleno y negando que hubiera dimitido. Tres minutos después le cortaron la línea.
El pleno comenzó a las 19.35 horas y terminó cinco minutos después. Se dio cuenta de la dimisión de Casanova y no se permitió ninguna intervención. «La carta de renuncia contenía la firma del concejal pero carecía de fecha porque había sido firmada al concurrir a la candidatura para las elecciones municipales imponiéndose como requisito imprescindible para formar parte de la candidatura del PP», señala el escrito de la Fiscalía. La carta se registró en el Ayuntamiento «por la secretaria personal del alcalde, por orden de este, el 9 de septiembre a las 14.55 horas y cuando el servicio ya estaba cerrado». Así lo atestigua el sello del registro.
Casanova alegó ante la Junta Electoral Central su destitución. El 6 de octubre la Junta resolvió que el concejal «no había perdido su condición de concejal y los derechos inherentes al cargo». Los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación en base al artículo 404 del Código Penal y de un delito de falsificación en documento oficial según los apartados 3 y 4 del artículo 390. La calificación judicial señala al acusado José Manuel Haro como autor de los dos delitos.
Por el de prevaricación la Fiscalía solicita 8 años de inhabilitación para cargo público y 4 años de prisión por el de falsedad documental. Además, el Ministerio Público pide 10 meses de multa con una cuota diaria de 30 euros «y la responsabilidad penal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas por el delito de falsificación». La Fiscalía pide que Haro pague también las costas. Como testigos en el juicio se ha pedido la citación de los concejales Fernando Casanova, Amparo Lapuente y Fernando Gómez, así como de Elvira Pérez, secretaria del alcalde.