Titulares prensa escrita

LEVANTE

El bloqueo de la marina de Valencia frustra la llegada de megayates, museos y cines

Bankia podría ser vendida a inversores extranjeros

La Primavera Valenciana se libra de la vía penal pero no de 150 multas

Massanassa dará 1.500 € a los parados locales que fomenten el autoempleo

Dos concejales de Bonrepòs riñen en pleno baile de disfraces

3.000 discapacitadsos demandan a Sanidad quedar exentos del copago

Fabra: “Somos conscientes del sufrimiento que ocasiona la deuda”

Las Corts son la segunda cámara con menos diputados por habitante

La Epsar pagó obras del aeropuerto de Castellón con el canon del recibo del agua

Puig se reúne con Griñán para impulsar el frente por la mejora en la financiación que ignora Fabra

El PSPV quiere convencer a otras comunidades de lo mal financiada que está la CV. Las seis asignaturas pendientes más graves

450.000 personas han emigrado de la CV en cuatro años

Una juez autoriza a los niños de la Casa Cuna a consultar los datos de sus madres biológicas

Los actos de 9 d’Octubre vuelvan a maltratar la tumba de Ausiàs March

Cabré reclama al Gobierno la apertura de cinco juzgados

Los promotores del Corredor Mediterráneo analizan la falta de concreción del Gobierno

Sanidad quita 7,5 millones a las farmacias para devolver el copago

El TSJ cierra la vía a que los exdiputados cobren pensión de las Corts

EU ve una vergüenza el secretos en los contratos

El PSPV de Denia exige al Consell que pague ala Macma

Ondara bajará impuestos y las tasas del agua y la basura

El director del Banco de Valencia preside una decena de empresas

Problemas de tesorería retrasan el pago de nóminas en Rafael Catalá

EL PAÍS

Fracasa la política de ayudas del Consell

La falta de liquidez estrangula a libreros y compradores de viviendas oficiales

Los bancos reclaman las ayudas a la vivienda que anticiparon y no cobran

Un exconsejero de la CAM asegura que se falsificaron actas de las reuniones

Latouche defiende trabajar menos para combatir el paro y vivir mejor

Sanidad retira los fármacos gratis a 3.000 discapacitados

Bankia, un interés del 25%

El presidente abre una nueva etapa con los grandes empresarios valencianos y se distancia del Banco de Valencia

El Consell vende turismo en Alemania sin Johnson

LAS PROVINCIAS

El Consell pide auxilio al Gobierno para que envíe dinero en una semana

Cabré estalla: “Los desfavorecidos no pueden esperar más”

Ayuntamiento y vecinos de El Cabanyal buscarán mejorar el barrio

El presidente de Bankia trata de rebajar la tensión con empresarios de la CV

Ya hay más valencianos que se van al extranjero que inmigrantes que llegan

Profesores alertan del aumento de pequeños actos de violencia en clase

Padres y alumnos convocan unas emana de lucha llena de huelgas y protestas

3.000 valencianos, sin respuesta a su petición de exención del copago sanitario

Afectados por la pantanada de Tous piden que se les condone la deuda

El primer día de huelga afectará mañana a la mitad de los convoyes del metro

Puig esquiva el debate sobre el ‘País Valencià’

El líder del PSPV no ve ningún problema en que cada uno llame como quiera a la Comunitat. Defiende el nombre PV porque está en el Estatut y es la ambición del autogobierno

Juzgan a un concejal socialista de Requena por agredir a un vecino

EL MUNDO

Alemanes e ingleses copan el fraude sanitario en la CV

Según un informe de conselleria

“La CAM era como la orquesta del Titanic”, dice un exconsejero

Cacsa licita por 50.000 € su plan de privatización tras 141 despidos

Los actos del PP se intensifican para evitar la desmoralización

Asuntos internos estudiará los casos de Costa, Serra y Rambla

Goirigolzarri, de promoción de Bankia en Valencia

Sagunto quiere que su puerto sea una zona franca libre de impuestos

Gandia Shore no perjudica la imagen de la ciudad

Torrent y Ontinyent cobrarán a las aseguradoras por los informes policiales

Malestar en el PP de Alicante por los distritos y divisiòn en Orihuela

El Consel vende apartamentos a los jubilados alemanes

Puig se reúne con Griñán para pedir más financiación

Valencia hecha mano de funcionarios para que hagan de guías de museos

Calabuig acompaña a Barberá a una conferencia sobre financiación

DAmimús, del PP, reprocha a Gandia que le robe empleos al financiar contratos

Las escuelas de doctorado abren la vía al postgrado interuniversitario

Archivadas las causas contra los estudiantes de la primavera

Titulares informativo Cadena Ser Comunitat Valenciana 17/10/12; 7:50h

La Operación Emperador alcanza a la CV

ERE en SGR y FGV

Fabra firmaba un convenio en Hannover

Corte de Fabra que explica que va dirigido a jóvenes de FP para que hagan prácticas en Alemania. Defendió la movilidad internacional.

Bajada de sueldos de diputados en Les Corts

La semana que viene se reunirá la comisión. Una bajada que no será efectiva hasta el año que viene. PP Y PSPV se atribuyen la iniciativa. Los socialistas acusan al PP de paralizar las iniciativas; los populares acusan a los socialistas de presentar las iniciativas fuera de tiempo. Corte de Bellver que afirma que en estos momentos hay conversaciones sobre el tema y que se dilucirá la semana que viene. Corte de Torres que crítica que haya diputados que perciben casi el 100% cuando no le dedican la mayoría del tiempo a la actividad parlamentaria.

La firma de Guzmán: La clase política debe estar bien pagada.

Con sueldos dignos. Otra cosa es que sobren políticos y cargos de confianza. Espero que se acabe con el oscurantismo de sus señorías. Sueldos justos con luz y taquígrafos, con transparencia absoluta.

Los socialistas estudian la reprobación de Cotino por solicitar aplazamiento del debate sobre financiación en el Congreso

Bellver defiende a Castedo, Blasco y Díaz Alperi, que esta semana pasarán por el TSJ

EU denuncia que no se ha cursado su petición para reprobar a Castedo y para que cese el PGOU

Compromís llevará al Constitucional la negativa de la Mesa para pedir al Consell que muestre los sondeos

El PP quiere condenar el Parlamento catalán porque éste ha instado a que se garantice la enseñanza del catalán en la CV

Barberá dice que volverá a ser candidata a la alcaldía

Corte Barberá que asegura que Cataluña utiliza una entidad para catalanizar hace años la cultura valenciana y la balear. Corte de Barberáque entiende, desde el punto de vista global, con dolor que no se pueden hacer otros presupuestos; pero, desde el punto de vista territorial, espera recuperar la normalidad de financiación, en especial en infraestructuras.

El PSPV pide que el Consell se persone en el caso Nóos

Martínez exige que se devuelva el dinero.

Según el PP, el Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación al Ayuntamiento de Gandia

Por prescripción de impuestos podría haber dejado de ingresar hasta 400.000 €.Orengo lo negaba todo y hasta amenazó con querellarse.

El Código Penal de Gallardón se ceba con los indignados

Jueces para la Democracia denuncia que hemos pasado "de un Estado social a un Estado penal". Critica que se criminalice la ocupación simbólica de bancos o la lucha contra los desahucios.

 

El Código Penal de Gallardón se ceba con los indignados, al criminalizar actividades que hasta ahora no eran consideradas delito como la ocupación simbólica y pacífica de entidades bancarias, el encadenamiento para evitar desahucios o la convocatoria de manifestaciones vía redes sociales en determinados supuestos. Según el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, la combinación de los recortes sociales con la aprobación de la normativa penal más dura de Europa permite hablar de que España pasa de un "Estado social a un Estado penal".

Bosch llega a esa conclusión tras analizar los nuevos delitos y la agravación de las penas previstas para los tipos delictivos del capítulo de desórdenes públicos, atentados y resistencia a la autoridad. Así, subraya que se ha introducido en el Anteproyecto un nuevo artículo 557.ter, que castiga con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, a "los que, actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal".

Para el portavoz de JpD, se castigan así las ocupaciones de entidades bancarias u organismos públicos que en muchas ocasiones se hacen con carácter pacífico y reivindicativo, por lo que considera que es "abiertamente desproporcionado" sancionarlas con pena de prisión.

En la misma línea de criminalización de la actuación de ciudadanos descontentos o indignados, Bosch alude al nuevo artículo 560 bis, que sanciona a "quienes actuando individualmente, o mediante la acción concurrente de otros, interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicación o de los medios de transporte público y alteren con ello de forma grave la prestación normal del servicio", con una pena de tres meses a dos años de prisión o multa de seis a veinticuatro meses.

El portavoz de la asociación progresista de jueces y magistrados afirma que son medidas "para criminalizar la protesta social", "desproporcionadas", y que no deberían estar incluidas en el Código Penal.

Bosch pone el acento también en que, tal como queda redactado el delito de atentado en el nuevo Código, "es lo bastante confuso como para que pueda entenderse incluida en él supuestos de protestas pacíficas como los encadenamientos para evitar desahucios. El artículo 550 pasa a decir: "1.- Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 2.- Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos".

Pena de hasta cuatro años de cárcel por resistencia a la autoridad con intimidación

Además, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, Juez, Magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, "se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.”

También entiende Bosch que la eliminación como delito de la desobediencia leve, dejando sólo la resistencia, eleva la penalidad de esta última y considera delito, con pena de prisión para los tipos agravados, prácticamente cualquier actuación en una protesta. Cuando ya se usan medios violentos como el lanzamiento de piedras, las penas son muy elevadas y, en opinión de este jurista, se criminalizan de forma muy acentuada.

Otro aspecto criticable, en su opinión, es la ambigüedad del nuevo artículo 559 que, textualmente, considera delito "la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo". La pena es una multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.

Bosch piensa que puede servir para avalar actuaciones policiales desproporcionadas como las llevadas a cabo contra los promotores del 25-S, lesionando derechos de los ciudadanos, y que a posteriori fueron archivadas por el juez Santiago Pedraz por ser poco admisibles en un Estado de Derecho.

En conclusión, el portavoz de JpD califica de tránsito del "Estado social al Estado penal" lo que pretende el nuevo Código --que incluye además la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad --, al castigar "con dureza extrema" las manifestaciones de descontento, en un país donde descienden los derechos sociales y que cuenta con una de las tasas más elevadas de Europa de número de presos por habitante.

"Tendremos el Código Penal más duro de Europa contra formas de disidencia y protesta de la ciudadanía", al tiempo que se han recortado como nunca los derechos sociales y laborales, destaca Bosch. En su opnión, los delitos de desórdenes, atentado y resistencia ya tenían respuesta suficiente en el actual Código Penal, por lo que rechaza el incremento desproporcionado que se pretende ahora por el Gobierno.

Fuente: Público.es

El alcalde de Chiva ignora 17 reparos de legalidad para pagar 112.000 euros

El Ayuntamiento de Chiva pagó facturas por importe de más de 112.683 euros al despacho de abogados Iuris Studium Generale, a pesar de que la intervención municipal del Consistorio puso hasta 17 reparos de legalidad a la firma de las facturas. Así se deduce de los documentos a los que ha tenido acceso este diario y que ha reconocido el propio alcalde de la localidad y diputado provincial, José Manuel Haro. Durante los meses de enero y febrero de este año ha pasado por el área de contabilidad un gran número de facturas de varios miles de euros. Alguna de ellas ha superado los 17.000 euros.

Los pagos se han autorizado pese a que la interventora ha puesto diversos reparos a las facturas al considerar que en ningún caso se ajustaban a la legalidad. Hasta 17 reparos firmados figuran a la actividad contratada entre el Ayuntamiento y el despacho de abogados.

A pesar de la advertencia de la persona que fiscaliza las cuentas, el Ayuntamiento ya ha pagado por los servicios de este bufete de abogados hasta 24 veces en lo que va de año. Sólo en esas facturas lleva ya gastados más de 1120.000 euros. Eso a pesar de que en la información requerida por la concejala María Amparo Lapuente en julio de este año, el Ayuntamiento dio fe de que existía un contrato de servicio de asesoramiento jurídico con la mencionada empresa por una duración desde el 6 de octubre de 2009 al 1 de octubre de 2013 por importe de 68.440 euros. De hecho, sólo en los cuatro primeros meses de 2012 ya se había doblado el presupuesto del que se habla en la carta de respuesta del Ayuntamiento.

El alcalde de Chiva, José Manuel Haro, aseguró a este diario que las facturas a las que se alude en esta información «han sido reparadas por la Interveción municipal» y reconoció que «no tenían contrato». Aunque al ser preguntado por el hecho de que sin tener contrato se hubieran abonado, señaló que el Consitorio ya se ha puesto en contrato con la empresa de abogados para que «se formalicen las facturas».

La empresa Iuris Studium Generale tiene ubicada su sede en la calle Quart, 21 de Valencia. En un inmueble propiedad de un familiar directo del alcalde de Chiva. Un palacete restaurado en pleno centro de la ciudad donde también se ubica el despacho de abogados Sánchez de Moutas y Guzmán, donde uno de sus letrados, Ignacio de Guzmán Muñoz, facturas por importe de más de 324.000 euros entre 2007 y 2011. Ambos despachos, que cobran del Ayuntamiento de Chiva, pagan un alquiler por tener sus despacho en el inmueble del familiar del alcalde de la localidad.

 

Fuente: Las Provincias

El semanario 'The Economist' avisa de que España puede entrar en "una espiral de muerte" similar a Grecia

El semanario británico The Economist vuelve a centrar su atención en la delicada situación de España. Esta vez, dedica un artículo titulado "El misterioso Mariano" a advertir de que el país podría estar entrando en una "espiral de muerte" muy parecida a la griega y con una tasa de paro que supera ya el 25%.

La publicación subraya, además, que muchos ciudadanos comienzan a preguntarse si Rajoy tiene "algún plan para recuperar la confianza de los mercados y de los españoles" y destaca que las protestas empiezan a tomar rasgos violentos. "Los problemas de Rajoy están empeorando, no mejorando", se recalca en el artículo, donde se pone en duda la validez de la estrategia de ambigüedad del presidente.

En este sentido, la revista bromea con la fama de los gallegos: "Un gallego, los españoles les gusta bromear, es el tipo de persona que te encuentras en la escalera y no sabes si está subiendo o bajando. Para Mariano Rajoy, este arquetipo es una manera de sobrevivir".

El semanario analiza también la situación en Cataluña, de la que dice es "una de las regiones más endeudadas, pero también una de las mayores contribuyentes". Por eso, dice que Rajoy se enfrenta a "dos riesgos gemelos": "La ruptura del euro y la ruptura de España".

En relación al rescate, The Economist sostiene que Francia está diciendo al Ejecutivo español que "coja el dinero", pero que Alemania no quiere que lo haga, mientras que Rajoy quiere "asegurarse de que Alemania no cerrará esa puerta pillándole los dedos". También señala que Rajoy podría "estar jugando con la política" antes de las elecciones de Galicia.