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Anticorrupción halla indicios de delito en tres diputados de Aguirre y otro cargo de Valencia
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 19/02/2009
Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado en la trama de corrupción masiva que durante al menos los últimos diez años ha dirigido Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar y que seguía encargándose de los eventos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así se deduce del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez Baltasar Garzón.
El informe de la Fiscalía cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana. El aforado que estaría implicado en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es el máximo cargo del Gobierno valenciano, su presidente, el popular Francisco Camps, según fuentes de la investigación.
En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
19/2/2009 LOS ESCÁNDALOS EN LAS FILAS CONSERVADORAS|LAS PESQUISAS
• Pide la inhibición de Garzón porque en el sumario aparecen hasta cinco aforados
• La Fiscalía Anticorrupción sitúa en Madrid el núcleo de la trama investigada
Las ramificaciones de la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón alcanzan, con mayor o menor intensidad, a un dirigente de primer nivel del PP: el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Así lo entiende, al menos, la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito sujeto al secreto sumarial cita a Camps entre los cinco aforados --cargos públicos protegidos por el fuero parlamentario-- contra los que tiene indicios de delito. Por esta razón, el fiscal insta al juez a inhibirse en favor de los tribunales superiores de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, competentes para investigar a sus respectivos aforados.
De la relación de los cinco diputados autonómicos investigados solo han trascendido cuatro nombres: el de Camps y los de los parlamentarios de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, recientemente dimitido como consejero autonómico de Deportes; Benjamín Martín Vasco, hasta ayer presidente de la comisión de investigación sobre la trama madrileña de espionaje; y Alfonso Bosch, gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla del Monte. El quinto, valenciano, no se conocía al cerrar esta edición.
Tampoco se han hecho públicos los indicios de delito concretos que pesan sobre cada uno de los aforados. De hecho, fuentes del ministerio público aclaran que las evidencias contra el presidente Camps podrían ser insuficientes para que sea objeto de una imputación formal.
La fiscalía, en una escueta nota de prensa, explica que entregó ayer al magistrado el informe que este le requirió el pasado viernes tras encontrar "serios indicios de que personas vinculadas o integradas" en el PP "podrían tener responsabilidad penal en esta causa". Estas personas, al ser aforadas, deben ser investigadas por los tribunales de justicia de sus respectivas comunidades autónomas.
MARGARITA BATALLAS (MADRID)
"Ulibarri es el que pone la pasta, yo no la pongo", afirma Correa, y se jacta de que su contacto, "el hijo de puta" de Esteban González Pons, le ayuda a "desbloquear" un "tema medioambiental".
