martes, 4 de mayo de 2010

Pase lo que pase

Camps y su Gobierno deberían dimitir. Por voluntad propia o forzados por Rajoy, poco importa. Pero no lo harán.
La convicción de creerse impunes alimentó la trama corrupta que corroe la democracia valenciana

La dimisión se impone cuando se es consciente de que la pervivencia, la viabilidad y por ende el prestigio del sistema democrático y las instituciones que lo sustentan, están por encima de la propia supervivencia política, la propia reputación e incluso el convencimiento de la propia inocencia. La historia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que entendieron coherente con su tarea de servidores públicos, la obligación de salvaguardar la necesaria honorabilidad de las instituciones que representaban aun cuando en el ámbito de lo penal no les fuera exigible responsabilidad alguna. Pero Rajoy y aquellos que secundan su doctrina, al igual que Camps y aquellos a quienes esta doctrina ampara, no comparten porque probablemente tampoco entienden, la cultura política que inspira este tipo de decisiones.

Por lo visto hasta ahora, para la derecha de este país el sistema democrático no es más que una coartada impuesta por la historia, cuya mejor utilidad es encubrir un único propósito: detentar el poder político del que se consideran legítimos propietarios. La democracia es, en el mejor de los casos, un mal menor que están dispuestos a asumir. El sistema se convierte, si la situación lo requiere, en un parapeto, un confortable búnker en cuyo sótano es posible construir un tupido laberinto burocrático en el que desaparecer en busca de la impunidad. Camps no teme por el irreparable daño que supone para la credibilidad de las instituciones aferrarse a un cargo que no ejerce por incomparecencia. Su aprecio por la institución que preside se limita a la utilidad que en su propio beneficio le pueda reportar. A nadie en el PP parece importarle en qué quedará el autogobierno valenciano después de hacerse pública la relación entre el presidente del Gobierno de la Generalitat valenciana, ocho consellers, la presidenta de las Cortes, la Dirección General de la Radio Televisión Valenciana y más de veinte altos cargos de este Gobierno con la trama Gürtel. No les escandaliza aquello que tienen por "natural" porque confunden Gürtel con el sistema, como antes confundieron lo público con lo privado.

España necesita una derecha homologable a los estándares europeos. Una derecha necesaria para que se produzca con normalidad una sana alternancia política, fruto de una dialéctica constructiva entre las dos principales tendencias ideológicas presentes en nuestro país. La búsqueda de la equilibrada síntesis entre lo individual y lo colectivo, entre la igualdad y la libertad, entre lo público y lo privado, entre la razón y la fe, requiere de actores que entiendan que preservar el marco en el que se materializa ese diálogo está por encima de la prevalencia de la tesis que se defiende.

En España, sin embargo, se consolida una derecha adicta a las teorías conspirativas como única explicación para sus derrotas electorales. Su acción política fluctúa entre la deslegitimación del sistema cuando el resultado le es adverso y la debilitación de los mecanismos de control del mismo cuando ejerce legítimamente el poder. Manipulan, destruyen el prestigio de las televisiones públicas para conseguir la invisibilización del adversario.. Vacían de contenido los Parlamentos y amenazan a la sociedad civil con la excomunión patriótica ante el menor atisbo de disidencia, como hemos podido ver en el caso del Cabanyal.

Nada de esto pretende excusar, pero sí explicar y situar en su justo contexto, la situación de la oposición política valenciana. Han sido no pocos y algunos sin duda importantes, los errores cometidos por los socialistas valencianos desde que en 1995 la decisión democrática de la ciudadanía situó al PP al frente del Gobierno de la Generalitat. Estos errores han contribuido, en su justa medida, a conformar un contexto político anómalo, casi de partido único, que hoy sufre nuestra sociedad. Pero la realidad es que la oposición democrática valenciana combate hoy, más que a un Gobierno democrático, a un régimen político, cuya legitimidad electoral está seriamente cuestionada por los cerca de dos mil millones de las antiguas pesetas que al parecer la trama gastó en la pasada campaña electoral del PP en la Comunidad Valenciana. Y eso es sólo lo que sabemos hasta hoy.

Soy el primer convencido de que no será Gürtel quien propicie un cambio de Gobierno en mi comunidad. Será, y así ha de ser, la visualización de una alternativa creíble ante la ciudadanía. Los socialistas valencianos tenemos la responsabilidad de construir y proponer otra opción de Gobierno, sin duda. Pero nada de ingenuidades. Es imposible valorar lo que no se conoce, al igual que es imposible conocer aquello que no ha sido comunicado, y la responsabilidad pública de comunicar en mi comunidad, con alguna heroica excepción, está en manos de aquellos que tramaron, consintieron, ampararon y se beneficiaron económica y políticamente de la trama Gürtel.

Combatir, denunciar y depurar las responsabilidades derivadas del conocimiento de esta trama no es una opción que podamos desestimar atendiendo a lo que indique tal o cual encuesta. Es imprescindible restituir un marco formal que dote de credibilidad a nuestras instituciones como paso previo para determinar qué políticas impulsar desde estas. Interrogarse sobre si a la oposición le conviene o no hablar de Gürtel, o sobre si dará o no rédito electoral, o por qué el electorado no castiga a los corruptos, es no haber entendido la auténtica naturaleza de la corrupción que nos afecta. La convicción de creerse impunes alimentó la trama corrupta que hoy corroe la democracia valenciana y no combatirla no es una alternativa aceptable para un demócrata. Es nuestra responsabilidad ineludible restituir la credibilidad del sistema. Por eso, Ángel Luna, como en otras tantas ocasiones, preguntó el pasado jueves en la sesión de control al president por el caso Gürtel. Por eso los diputados y diputadas de mi partido ejercerán su responsabilidad democrática y continuarán defendiendo la prevalencia de las reglas de juego democrático y la vigencia de ideas tan antiguas y básicas como la honradez y la ética en el ámbito de lo público. Porque no hay opción. Pase lo que pase.

JORGE ALARTE
Secretario general de los socialistas valencianos.

viernes, 30 de abril de 2010

1 de mayo 2010




"Por el empleo con derechos y la garantía de nuestras pensiones”
UGT y CCOO preparan las manifestaciones del 1 de mayo con especial referencia al empleo, las pensiones y la reforma del sistema financiero

Las direcciones Confederales de UGT y CCOO han acordado que el lema de este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, que presidirá los actos y manifestaciones en todo el país será “Por el empleo con derechos y la garantía de nuestras pensiones”.

CCOO y UGT centrarán sus reivindicaciones en la lucha contra las desigualdades y la pobreza en el mundo, a la vez que en nuestro país harán especial hincapié en el empleo con derechos, la garantía del sistema Público de Pensiones y la reforma del sistema financiero.

jueves, 22 de abril de 2010

APOYAMOS AL JUEZ GARZÓN

CONSCIENTES de la desafortunada imagen que esta generación de españolas y españoles podría dar ante la Historia, a la vista del proceso judicial emprendido contra el juez que tuvo la valentía de investigar la responsabilidad del régimen dictatorial franquista, no en busca de venganza, sino para tratar de reparar --en la medida de lo posible-- a las familias de los centenares de miles de ciudadanos represaliados (entre asesinados, torturados, secuestrados, silenciados y exiliados).

PREOCUPADOS por el precedente que podría sentar, ver cómo se actúa contra cualquier miembro de la magistratura que ose cuestionar la vigencia o la validez de unos instrumentos de impunidad que fueron pergeñados en las entrañas del propio régimen franquista.

CONOCEDORES del curso de los acontecimientos, que al parecer, podrían resultar en una inminente separación del magistrado juez BALTASAR GARZÓN de la carrera judicial.

Expresamos nuestro apoyo formal al magistrado juez español BALTASAR GARZÓN, quien estos días es objeto de una grave campaña de difamación y persecución política, promovida desde sectores ultra conservadores, tras impulsar un proceso en busca de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de la dictadura franquista. Nuestra solidaridad para quienes, como él, actúan con valentía frente a los crímenes de lesa humanidad.

Para él, nuestro reconocimiento.

COMUNICADO DE JORGE ALARTE

Con el anuncio que se ha producido sobre la convocatoria de un pleno de las cortes castellano-manchegas para la retirada del Estatuto de Castilla-La Mancha, queda definitivamente disipado todo riesgo y peligro sobre la integridad, continuidad y mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura.

Los Socialistas Valencianos, desde hace algo más de un año, veníamos manteniendo con firmeza, rigor y seriedad, nuestro inamovible compromiso de defensa del Trasvase Tajo-Segura, de los intereses de los alicantinos y alicantinas y en defensa, en definitiva, del interés de la Comunitat Valenciana.

El trabajo sin desvelo y el compromiso de todos los responsables de los Socialistas Valencianos, diputados autonómicos, diputados nacionales, y nuestras senadoras y senadores, en todas y cada una de sus acciones, en esta posición firme de defensa del Trasvase Tajo-Segura durante este tiempo, la permanente y ejemplar actuación del Alcalde de Elx y vicesecretario general de los Socialistas Valencianos, Alejandro Soler, al lado de los regantes y usuarios y junto a él un gran de número de alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas, han sido decisivos en una clara demostración de los Socialistas Valencianos de nuestra capacidad de mantener una posición firme y coherente en defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana.

Los alicantinos y alicantinas, y el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana deben saber que nuestro compromiso se ha cumplido y las amenazas que sobre el Trasvase Tajo-Segura se ceñían han quedado disipadas.

Las políticas del agua deben ser sobre todo políticas de Estado, desde el respeto a la Constitución y deben estar basadas en la solidaridad y en el mayor nivel de consenso y acuerdo posible. El PP, Rajoy , De Cospedal y Camps, son incapaces de entender o compartir este concepto tan importante para España.


Pero sin duda quiero sobre todo y fundamentalmente dejar constancia pública de la complicidad, la cooperación sincera y la fructífera colaboración y el compromiso con el que hemos podido trabajar y vamos a seguir trabajando junto con Riegos de Levante y el conjunto de los usuarios y regantes de la provincia de Alicante, así como con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y todos y cada uno de sus responsables. Hemos dejado acreditado que cuentan con nosotros y que van a seguir contando con nosotros.

Los Socialistas Valencianos fuimos orgullosos y convencidos junto con ellos a defender el trasvase Tajo Segura y los intereses de nuestra comunidad a las manifestaciones de Murcia y de Elx, a innumerables actos y a cuantas acciones políticas han sido necesarias en la tarea y el objetivo común.

Pero es también hoy mi deber denunciar públicamente, con la mayor energía y contundencia, la incapacidad del president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, de unir fuerzas, de estar presente y de defender los intereses de los valencianas y las valencianas.

Su inexplicable ausencia en la manifestación de Elx, su actuación en las últimas horas de negociación y mercadeo de los intereses de nuestra comunidad en el seno de su partido, ante Rajoy y De Cospedal, que le ha llevado incluso a aceptar la siempre inasumible cifra de 4.000 hectómetros cúbicos, da igual el calificativo que le pusieran al lado, la incapacidad del presidente Camps para defender los intereses de nuestra comunidad ha acreditado que sólo sabe hacer propaganda vacía del pasado.

Hace pocos días fue incapaz de acudir a Alicante a reunirse con los regantes de nuestra comunidad y decidió y prefirió ir a Murcia, y esta misma mañana en las Cortes Valencianas, lejos de abandonar discursos de otro tiempo y demostrar altura institucional al servicio de los valencianos y las valencianas ha rechazado la necesaria unidad en aras de la propaganda. Ha maniobrado activamente para, en lugar de buscar soluciones y respuestas, continuar con su propaganda vacía de siempre anteponiendo esto a cualquier otro interés, buscando el enfrentamiento con el resto de las fuerzas políticas y con parte de la sociedad en lugar de unirnos con los objetivos comunes.

Lamento públicamente esta situación y la incapacidad del presidente Camps y quiero aprovechar para transmitir al conjunto de los valencianos y las valencianas, en nombre de todos los Socialistas Valencianos, un mensaje de confianza y de seguridad. Hemos sido capaces de mantener una posición de firmeza, de coherencia y de rigor en este asunto y estamos dispuestos y preparados a hacerlo en cuantas cuestiones se planteen en el futuro que afecten a los intereses sustanciales de la Comunitat Valenciana.


Jorge Alarte Gorbe
Secretario General de los Socialistas Valencianos

miércoles, 21 de abril de 2010

MEJORAS EN LA C-3


El primer Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana puso ayer por primera vez negro sobre blanco un compromiso de inversión para los próximos diez años en la red de cercanías de la Comunitat Valenciana que usan 70.000 personas todos los días. El Ministerio de Fomento y la Generalitat se comprometieron ayer públicamente a invertir 3.995 millones de euros para mejorar el transporte metropolitano

Línea C-3 Valencia-Buñol

Entre Valencia y Buñol se "duplicará la única vía existente y se electrificará (los trenes aún circulan a diésel). Además de modernizar estos 36 kilómetros de vía, se remodelarán o reconstruirán estaciones en Valencia-Sant Isidre (donde habrá un intercambiador con el metro), Xirivella, Aldaia y Alaquàs. El director general de Ferrocarriles, Carlos María Juárez, no entendía ayer "como ha podido pasar esta línea sin ninguna inversión durante tantos años". Fomento calcula que modernizar este trazado (vital para garantizar transporte público al circuito de Cheste) costará 280 millones de euros.