Francisco Camps y Ricardo Costa, citados como imputados por el 'caso Gürtel'
Son, respectivamente, el presidente de la Comunidad Valenciana y el secretario general del PP en dicho territorio.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia acaba de citar a Francisco Camps, Presidente de la Generalitat Valenciana y a la sazón el hombre mejor vestido de España, como imputado en el escándalo de corrupción que asola al Partido Popular, más (o menos) conocido como Operación Gürtel.
Ahora la cuestión es: ¿A quien va a culpar el PP ahora que no tienen a Garzón para echarle la culpa, y además son los propios imputados los que se reúnen con los jueces que les van a juzgar, de quienes dicen que son “más que amigos”?
El magistrado instructor de la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para investigar un posible delito de cohecho en relación con la supuesta trama de corrupción vinculada a cargos del PP ha citado a declarar también al ex vicepresidente valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo Rafael Betoret.
Camps y Costa -portavoz del PP en el Parlamento valenciano- han sido citados para el próximo martes 19 de mayo, mientras que Campos y Betoret tendrán que acudir al día siguiente al Tribunal.
Antes de conocerse su imputación, Camps comparecía en la sesión de control del Parlamento autonómico, donde ha defendido la honorabilidad de su gobierno y ha asegurado que se siente «tranquilo» porque «no hay nada que ocultar».
Rajoy: “Si Zapatero no firma el cese de Bermejo, se convierte en el propio Bermejo”Por lo tanto y según esa lógica, si Rajoy no firma el cese de Camps, se convierte en el propio Camps.
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Que el presidente de la Comunidad Valenciana insista en que su presunta implicación en la trama Gürtel “es un montaje”, recuerda el manual de estilo del PP: cuando te pillen, tu vas y dices que “esto es una confabulación contra todo el Partido Popular, no contra mí”.
Parecerá una tontería, pero extender las responsabilidades a todo un partido adquiere un tono de epopeya y conspiración que le confiere una cierta dignidad al delito. Robin Hood no robaba para él, sino para socorrer a los campesinos oprimidos. En cambio, que las sospechas queden circunscritas al ámbito personal es un desaire porque el implicado se retrata como un vulgar chorizo.
Y Camps y Ricardo Costa, el secretario general del partido en la Comunidad Valenciana, también presuntamente implicado en la trama, no encajan en el tipo de vulgares chorizos. Ya sé que hay quien piensa que los presuntos delitos de cohecho de los que se les acusa les caen como un traje hecho a medida (¿traje, he dicho traje, dios suyo?). Son gente con estilo, guapa, joven, triunfadora, culpables, por lo menos, de que nuestras suegras nos guarden eterno rencor porque sus hijas se hayan casado con unos zarrapastrosos como nosotros y no con alguien, como ellos, a los que se les nota que son unos triunfadores hasta en la raya del pantalón.
Hasta cinco minutos antes de saberse las conclusiones del juez instructor, Camps utilizaba las instituciones públicas, una vez más, para defenderse. La política goza de mala fama, pero, acabado el debate del estado de la nación, ¿no creéis que es hora de convocar un debate sobre el estado de la corrupción? Así no pagarían políticos por pecadores.
Manolo Saco
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Lo de milano bonito es ya una trajedia italiana (con j de traje). El imputado Francisco Camps ha apostado toda su defensa a una sola carta: la nulidad del proceso. Para ello ha contratado a los mejores abogados, especialistas en encontrar el defecto de forma, esa puerta de atrás de la Justicia que tan útil ha resultado a otros ilustres acusados de corrupción, como el ex tesorero del PP Rosendo Naseiro. Es la misma defensa que usa Bart Simpson cada vez que le pillan ante un cristal roto con un tirachinas en la mano: “Yo no fui, nadie me vio, no puedes probarlo”.
Si tiene suerte y su abogado encuentra ese asidero, puede que a Camps le baste con ese oportuno defecto de forma para librarse de una condena judicial. Pero ni siquiera así escaparía de la condena política, aunque el juez no pueda probarlo porque las pruebas queden invalidadas. Camps no quiso escuchar a varios de sus asesores (entre ellos, otro de los imputados), que le aconsejaron reconocer que su amiguito del alma, el Bigotes, le había comprado unos trajes, y rechazar después que eso fuese un soborno. En lugar de admitir la menor para negar la mayor, el presidente de la Generalitat prefirió enrocarse en un silencio sólo roto con una afirmación cada día más difícil de creer: “Yo me pago mis trajes”.
A medida que el caso avanza, queda claro que la implicación de Camps en la trama Gürtel no era un capricho de juez estrella, sino una realidad innegable hasta para un juzgado tan cercano al presidente como el TSJCV. Ahora que Camps ya está imputado, ¿cómo justificará Rajoy que no se le haga dimitir, como al resto? El ninot indultat lo tiene difícil. Ya no puede decir que la culpa es del profe Garzón, que le tiene manía.
Ignacio Escolar
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El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha citado como imputado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a su segundo en el Partido Popular de aquella comunidad, Ricardo Costa, en relación con la investigación abierta por cohecho en la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa. La decisión del tribunal demuestra que la instrucción del juez Baltasar Garzón sobre la presunta implicación de la Generalitat no podía ser despachada con la ligereza empleada desde el principio por la dirección nacional del PP. Y por más que ahora sus portavoces traten de hacer contorsiones de rábula para minusvalorar la decisión del tribunal, imputado es imputado.
Desde que su nombre apareció en el sumario del caso Gürtel, Camps ha venido repitiendo que deseaba comparecer ante la justicia para defender su inocencia a la vez que sus abogados intentaron forzar, sin ningún éxito, la nulidad de la causa. Ahora tiene ocasión de demostrar que no se trataba de ganar tiempo. Su condición de aforado, al igual que la de Costa, hizo que la causa pasara de la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia valenciano. Resultaría inaceptable que, tras ser llamado a declarar, se parapetase detrás de las inmunidades de su cargo para no colaborar con la justicia.
Citado como testigo, Camps habría estado obligado a decir la verdad, lo mismo que Costa. Las garantías que la ley concede a los imputados eximen a ambos de esta exigencia. Pero no de sus responsabilidades institucionales.
Tras la declaración prevista para el próximo día 19 de mayo, el tribunal decidirá si mantiene la imputación o si la levanta. Esto último sólo significaría que la investigación sigue su curso, no que la justicia se haya pronunciado sobre la culpabilidad o la inocencia de Camps y Costa.
Ambos deberán ofrecer a la justicia lo que hasta ahora han negado a los ciudadanos: una pormenorizada explicación sobre sus estrechas relaciones con personas implicadas en la trama, como Álvaro Pérez, directivo de una de las empresas con el que Camps mantenía una estrecha amistad. También deberán dar explicaciones sobre los contratos que el Gobierno valenciano ha adjudicado sin concurso a varias sociedades de Correa y, por último, los regalos que han recibido. Entre otras razones, porque es precisamente la gravedad de esos indicios, sustentados en facturas y declaraciones de testigos, lo que ha llevado al tribunal a citarlos a declarar como imputados y no como simples testigos.
El PP está siguiendo una estrategia diferente en Madrid y Valencia para contrarrestar los efectos del caso Gürtel. Mientras que en uno ha suspendido de militancia a los imputados, en el otro les mantiene el apoyo. La paradoja reside en que, si en Madrid se trata de diputados, en Valencia la justicia ha puesto en cuestión a la máxima autoridad autonómica.
EDITORIAL DE "EL PAÍS"
